La investigación se inició el 17 de marzo pasado cuando una mujer de nacionalidad rusa de 22 años y que cursaba un embarazo de casi nueve meses, acudió a un hospital de San Carlos de Bariloche acompañada de otras dos mujeres, una de su misma nacionalidad y otra que decía ser brasileña.
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La investigación se inició el 17 de marzo pasado cuando una mujer de nacionalidad rusa de 22 años y que cursaba un embarazo de casi nueve meses, acudió a un hospital de San Carlos de Bariloche acompañada de otras dos mujeres, una de su misma nacionalidad y otra que decía ser brasileña.
El personal médico notó que la joven embarazada se encontraba en un evidente estado de sometimiento, ya que las acompañantes no le permitían hablar y eran ellas siempre las que interactuaban.
La embarazada y sus acompañantes se retiraron del lugar luego de un entredicho con los profesionales que querían inducir el parto. A partir de allí, desde el centro médico se realizó la denuncia en la que tomó intervención la fiscalía, que alertó a todos los hospitales de la zona para que den aviso si se presentaban nuevamente.
Pocos días después, las mismas mujeres acudieron al mismo hospital acompañando a la mujer embarazada junto con otras tres personas y en dicha ocasión tuvo lugar el parto por cesárea.
Siempre según la denuncia, las acompañantes intentaron obligar a los médicos para que consignen como apellido del bebé el correspondiente al del sospechado líder de la organización -y no el de la madre-, que, según ellas, sería el padre e iba a presentarse en unos días porque estaba "trabajando".
Los médicos les explicaron que eso era inviable y pusieron en la partida de nacimiento el apellido de la madre, pero una de las mujeres lo tachó e intentó modificarlo. Ante ese episodio, el hospital tuvo que confeccionar una nueva partida de nacimiento para anotar otra vez al recién nacido con el apellido de la madre.
