Por: Mauro Rodríguez
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Por: Mauro Rodríguez
La latente posibilidad de que el Gobierno nacional suspenda la Ley de Alquileres Nº 27.551, vigente desde junio del 2020, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), generó expectativas en el mercado inmobiliario del país. En caso de darse, sería por 180 días y restablecería la legislación anterior, buscando aumentar la oferta de alquileres.
Por este motivo, El Tribuno de Jujuy dialogó con Alejandro Bustamante, titular de la Cámara Inmobiliaria local, y mencionó que "la postura de la Cámara jujeña y de la Federación Inmobiliaria de Argentina siempre fue derogar o cambiar la ley vigente. Decimos esto porque fue bastante perniciosa para inquilinos y propietarios. Si bien cuando se gestó la idea era beneficiar a los inquilinos, en definitiva terminó perjudicando a las dos partes, algo que habíamos advertido desde la Federación", señaló.
A su vez, adelantó que en caso de que se suspendiera la actual ley, "sería por 180 días y entraría en vigencia lo que se estipulaba en el Código Civil y Comercial, que es lo que la actual ley derogó. O sea que empezaríamos a regirnos con un contrato de dos años como plazo mínimo y con actualizaciones de libre acuerdo entre las partes". Mientras que para los contratos que ya están en vigencia, "existe el principio de irretroactividad de la ley, de modo tal que no valdría para los contratos que están celebrados, se continuaría con el acuerdo y se actualizaría tal cual estipula la ley en vigencia. En principio sería así, pero en concreto no tenemos más que anuncios y rumores".
Consultado sobre los principales problemas que representa la actual legislación, explicó que hay dos puntos fundamentales, uno es el plazo de los contratos y el otro, los tiempos de actualización de precios de los alquileres. "En el caso de los contratos, se hacen muy largos, sumado al agravante de tener una actualización de precios anual en un país con una inflación mensual de entre 6 y 7 por ciento. El propietario va perdiendo su renta hasta poder actualizarla al cabo de un año, y para el inquilino resulta una bomba, porque cuando vemos los índices que publica el Banco Central de cuánto es lo que hay que actualizar en los precios, termina estando cerca del cien por ciento de aumento, siendo un serio golpe para la economía familiar", señaló.
A raíz de todo esto, se ha restringido mucho la oferta de viviendas con fines de alquiler, "muchos propietarios decidieron dejar de alquilar y poner en venta sus inmuebles, lo que provocó una sobreoferta en ventas. Otros, recurrieron a plataformas de alquileres temporarios, lo cual restó más oferta aún al mercado de alquiler y consecuentemente los precios se fueron por las nubes, no solo en la provincia sino en todo el país", puntualizó.
Por último, manifestó que lo más importante es que "el Gobierno nacional está tomando nota de este problema que afecta a 4 millones de inquilinos y tomará carta en el asunto para dar una solución. Si bien una ley no va a cambiar de la noche a la mañana esta situación, sí irán produciendo cambios. Lo fundamental es que se dé seguridad jurídica, no podemos estar cambiando leyes cada 3 o 4 años por necesidades políticas o la que sea".
