Las investigaciones judiciales por las causas unificadas por supuesta malversación de fondos y fraude a la administración pública en la provincia, conocida como "Megacausa", donde están involucrados exfuncionarios provinciales, nacionales, intendentes y exintendentes, como así también miembros de organizaciones sociales, había quedado en un impasse, luego de la resolución de la Cámara de Apelación y Control resolviera sobre la competencia del juez de Control Isidoro Cruz, planteada por abogados defensores.
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Las investigaciones judiciales por las causas unificadas por supuesta malversación de fondos y fraude a la administración pública en la provincia, conocida como "Megacausa", donde están involucrados exfuncionarios provinciales, nacionales, intendentes y exintendentes, como así también miembros de organizaciones sociales, había quedado en un impasse, luego de la resolución de la Cámara de Apelación y Control resolviera sobre la competencia del juez de Control Isidoro Cruz, planteada por abogados defensores.
Días atrás el fiscal de Investigación Penal N° 2 Diego Cussel había elevado un "pronto despacho", para que se resuelva de manera urgente la cuestión judicial pendiente, "cuando la causa se encontraba aún en trámite en la Cámara de Apelaciones", según expresa el comunicado elevado por el Juzgado de Control.
Es por eso que el juez de Control N° 4 Isidoro Cruz requirió al fiscal Diego Cussel "la urgente remisión de la prueba documental, debidamente foliada prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Además Cruz hizo saber a la presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia Nora Millone Juncos, que hasta el momento, el Ministerio Público de la Acusación no le remitió los expedientes originados en ese Tribunal, vinculados a la causa que el magistrado investiga.
Como consecuencia de esta situación originada en la demora del MPA, el Juzgado no pudo incorporar las pruebas pertinentes para sustanciar la causa, habida cuenta de la necesidad de hacer conocer en que está fundada la acusación, dice otro tramo del comunicado.
El magistrado dejó en claro que en el debido proceso importa un sustento esencial, ya que las posibles imputaciones que puedan darse a los exfuncionarios y a miembros de organizaciones sociales, deben estar respaldadas en las pruebas correspondientes a fin que se pueda ejercer de inmediato el derecho a defensa.
El MPA desmiente demoras
Las respuestas por parte del Ministerio Público de la Acusación no tardaron en llegar y en otro comunicado desmintieron las supuestas demoras en la remisión de pruebas documentales de la "Megacausa".
Además dejaron en claro que el motivo por el que no se enviaba la prueba documental al juez, fue que en el Juzgado no se contaba, según lo informado por el propio magistrado, con el espacio físico adecuado para su recepción y resguardo, ni con las condiciones de seguridad necesaria para tan relevante causa.
Otro tramo del comunicado manifiesta que un arquitecto del Poder Judicial, por orden del juez observó la habitación donde se encuentra resguardada la prueba mencionada, a los fines de poder acondicionar una habitación en el Juzgado de Control para la recepción de la documentación respectiva.
Además se informó que el lunes último el fiscal general del Ministerio Público Fiscal Sergio Lello Sánchez mantuvo una reunión con el juez de Control Cruz donde se coordinó la remisión de la documentación de la causa referida.
Definiciones
En esta etapa de la investigación, el fiscal que lleva adelante el cuantioso expediente, debe avanzar y definir sobre que grado de responsabilidad y sobre supuestas las imputaciones a intendentes y exintendentes de nuestra provincia, como así también exfuencionarios provinciales, contadores de distintas comunas, una escribana de la organización social y varios integrantes de la red de organizaciones sociales, a cargo de construir viviendas sociales y que el destino de esos fondos que se enviaban desde Nación, habrían sido malversados.