La presidente brasileña Dilma Rousseff teje alianzas para salvar su mandato, mientras su gobierno denunciaba un “deseo de venganza” del jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, en la tentativa de impulsar un juicio político contra la mandataria de izquierda.
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La presidente brasileña Dilma Rousseff teje alianzas para salvar su mandato, mientras su gobierno denunciaba un “deseo de venganza” del jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, en la tentativa de impulsar un juicio político contra la mandataria de izquierda.
Rousseff negocia, tras la ruptura del partido centrista Partido del Movimiento Democratico con la base aliada, una reestructuración gubernamental en todos los niveles, con el fortalecimiento de formaciones que puedan darle los votos necesarios para impedir un juicio de destitución en el Congreso.
El último sacrificado de esa movida fue el presidente del Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), designado en 2015 por el vicepresidente Michel Temer, quien es también jefe del PMDB y virtual heredero de Rousseff si el juicio prospera.
La semana pasada ya habían sido destituidos los jefes del Departamento Nacional de Obras contra la Sequía , de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) y de la Fundación Nacional de Salud (Funasa).
El Partido MDB, que tiene una bancada de 69 diputados, cuenta aún con seis ministros que expresaron su deseo de permanecer en sus cargos, en abierto desacato de la orden dada por la dirección partidaria.
Una comisión de 65 diputados debe indicar en un primer momento si ve causas válidas para abrir un juicio político contra Rousseff, acusada de presunta manipulación de las cuentas públicas.
Una moción de destitución de la mandataria, perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT), debe ser aprobada por 342 de los 513 diputados (dos tercios) antes de ser tramitada en el Senado.
Los cálculos y las cábalas se multiplican y cualquier conversación con un asesor parlamentario, de cualquier partido que sea, termina estos días con la calculadora en la pantalla del teléfono.
La crisis política de la joven democracia brasileña se potencia con una grave recesión. Según la última encuesta de mercado publicada semanalmente por el Banco Central, los operadores estiman que la contracción del PIB de la mayor economía latinoamericana será este año de 3,73%, casi igual a la de 2015 (3,8%).
En plena negociación en los bastidores políticos, el Supremo Tribunal Federal podría pronunciarse en breve sobre si autoriza el polémico nombramiento del expresidente como jefe de su gabinete. Lula afirmó que la decisión podría conocerse el jueves.
Otro funcionario fue expulsado
La presidenta de Brasil, separó del cargo de jefe del ente turístico Embratur a Vinicius René Lummertz, que responde al sector del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), que dirige el vicepresidente Michel Temer y que se posicionó a favor del juicio político de la mandataria.
El funcionario respondía a Henrique Alves, quien hasta la semana pasada fue ministro y renunció al cargo para pasarse al partido que apoya un gobierno de Temer.
Lummertz es el cuarto representante del partido democrático que es expulsado del gobierno por Rousseff en menos de una semana: los otros habían sido un vicejefe del banco público Caixa Económica Federal y los directores de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) y del Departamento Nacional de Obras contra la Sequía (Denocs).
Al romper el martes pasado con el gobierno, el directorio nacional del PMDB anunció que nadie estaba autorizado a ejercer cargos federales en nombres del partido, pero la orden no fue cumplida por el sector de la agrupación que se opone al juicio político de Rousseff.
Los seis ministros del PMDB que permanecen con Rousseff responden a la línea progobierno del jefe del bloque del partido en la cámara baja, Leonardo Picciani, persona clave en evitar que la oposición llegue a los dos tercios para aprobar el juicio político a la mandataria.