El parlamento venezolano comenzó ayer el debate del proyecto de ley de amnistía para presos políticos, pero aunque se da por descontada su aprobación por la mayoría opositora, le espera un camino de escollos que amenaza con desembocar en un nuevo choque institucional.
En una encendida sesión que contó con la presencia de familiares de los políticos presos, un grupo de diputados presentó el proyecto formalmente al plenario de la Asamblea Nacional, que lo someterá a votación en las próximas semanas.
"Después de 17 años de odio y división, debemos unirnos para salir de esta crisis. El clamor que tenemos los venezolanos es de unión, paz y reconciliación nacional, por ello es tan necesaria la aprobación de la amnistía", expresó la legisladora opositora Delsa Solórzano.
La ley, a la que el gobierno de Nicolás Maduro y el oficialismo se oponen rotundamente, es una de las prioridades del Congreso, dominado por la oposición tras 17 años de hegemonía chavista. Esta, busca amnistiar a unos 75 presos y a personas que se han exiliado por su oposición al chavismo.
"No la apoyamos porque es una ley que pretende generar impunidad, mediante la cual los victimarios buscan perdonarse a sí mismos", afirmó el jefe de la minoritaria bancada oficialista, Héctor Rodríguez.
Al presentar su informe de gestión ante el parlamento el 15 de enero, Maduro expresó su rechazo a la ley, aduciendo que dejaría en la impunidad las 43 muertes ocurridas en las protestas de 2014 que buscaban sacarlo del poder, y por lo cual se apresó al opositor Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia.
Maduro, cuyo gobierno niega que los detenidos sean presos políticos y los califica como "asesinos y golpistas", propuso una comisión para resolver la situación de los detenidos, siguiendo modelos como el que se aplicará en el proceso de paz con las guerrillas colombianas o el del apartheid en Sudáfrica.
"Amnistía + reconciliación = paz", se leía en un letrero que llevó al palco de invitados Lilian Tintori, esposa de López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión.
Detalles del caso
De acuerdo a las sospechas que investigan las autoridades brasileras, las empresas involucradas también sobornaron a funcionarios del Carf, que a su vez les facilitaron unas maniobras dirigidas a evadir impuestos.
Uno de los decretos que se investiga fue firmado por el expresidente Lula da Silva a fines de 2009 y prorrogó hasta 2015 una serie de incentivos fiscales para la industria automotor, con la justificación que se trataba de un sector clave para generar empleos y atajar así el impacto de la crisis económica global que se desató en 2008.
El caso se tramita en un tribunal de Brasilia.
Nuevo conflicto
Tintori y otros parientes de políticos presos entregaron el 11 de enero el proyecto, elaborado por organizaciones no gubernamentales (ONG) y juristas, para que lo acogieran los diputados y le dieran trámite.
"Hoy comienza la cuenta regresiva para la reconciliación y la paz. Esta ley se trabajó por mucho tiempo, los mejores abogados participaron", afirmó Tintori a la prensa en el Palacio Legislativo.
Pero a la ley, según el experto constitucionalista José Ignacio Hernández, le espera una ruta de obstáculos, pues, una vez que sea aprobada en segundo debate, el Parlamento deberá someterla a promulgación del presidente, quien tendrá 10 días para hacerlo aunque ya anticipó que la vetará.
Estallará entonces un nuevo choque entre Ejecutivo y Legislativo que deberá finalmente dirimir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -concretamente la Sala Constitucional-, al que la oposición acusa de estar al servicio del chavismo.
"Lo más probable es que el presidente lo remitirá a la Sala Constitucional, quien va a opinar que es inconstitucional, y se va a generar un conflicto institucional, pues la Asamblea insistirá en publicar la ley por sus propios medios", declaró Hernández a la prensa.
El presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, reconoció que el debate y posterior aprobación de la ley generará otro forcejeo con el TSJ. "Nosotros no solo tenemos la razón jurídica y política, sino, sobretodo, la razón moral", declaró Ramos Allup.
"El verdadero problema de fondo no es la amnistía sino la situación del Poder Judicial en Venezuela", concluyó Hernández.
Mientras avanzaba el debate, chavistas marchaban hacia el palacio presidencial para conmemorar el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.
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