El Poder Judicial tiene ahora la última palabra en la denuncia por el supuesto encubrimiento del Ejecutivo nacional a los iraníes sospechados de poner el coche bomba frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) el 18 de julio de 1994, el peor atentado terrorista registrado en la Argentina, que causó la muerte a 85 personas e hirió a más de 300.
El fiscal Alberto Nisman inició la causa por encubrimiento y murió sin poder continuarla. El fallecido magistrado la presentó el 14 de enero pasado en el juzgado de Ariel Lijo, basándose en el hecho de que Lijo tiene a su cargo todas las causas por irregularidades y encubrimiento del atentado contra la mutual judía.
El juez en cuestión estaba de licencia pero la magistrada subrogante, María Servini de Cubría, rechazó habilitar la feria para tratar la denuncia.
Nisman muere el 18 de enero y, al día siguiente, Lijo decide retornar de sus vacaciones, habilitar la feria y resguardar las pruebas relevadas de la UFI Amia. Ordena copiar discos con escuchas y acumular la documentación disponible; pide informes a la Secretaría de Inteligencia (ex-Side) y dispone custodia para algunos de los acusados de ser "espías".
Pero a pesar de que Lijo habilitó la feria, se declaró incompetente, consideró que no pueden vincularse los hechos denunciados con ninguna de las causas en trámite porque son hechos distintos.
El periplo del expediente
El caso fue a sorteo y recayó en el juzgado de Daniel Rafecas que estaba subrogado por Sebastián Ramos.
Este, a su vez, rechazó la competencia y la causa fue nuevamente remitida a Lijo, quien ratificó su rechazo, con lo que la Cámara Federal decidió que el juez definitivo para avocarse a la causa es el juez, Daniel Rafecas. El magistrado estará de vacaciones hasta el 20 de este mes y, cuando vuelva tendrá que empezar a tomar medidas de una causa que, para algunos es "explosiva" y, para otros un "bochorno escrito por un aprendiz".
Tras la excusación de Servini de Cubría, Lijo y Ramos; Rafecas es el cuarto juez que interviene en el caso.
Para que la denuncia de Nisman se estacione por fin en un juzgado debió terciar la Cámara. El titular de la misma, Martín Irurzun, determinó que, "en principio, son desvinculables entre sí" las causas que la justicia instruye por el encubrimiento del atentado a la Amia y la presentación del fiscal fallecido contra la Presidente, funcionarios nacionales y dirigentes del kirchnerismo.
Por orden del presidente de la Cámara, Irurzun, se resolvió la cuestión de competencia en la causa sobre un "plan criminal" para desvincular a los iraníes de la responsabilidad del atentado. Irurzun utilizó tres carillas para establecer que Rafecas debía ser el juez encargado de analizar la presentación de Nisman y decidir los pasos a seguir para esclarecer los hechos. El camarista aclaró que al no contar con "requerimiento fiscal de instrucción que delimite el objeto procesal", no es posible conocer la dirección en la que irá la pesquisa. Ese requerimiento deberá ser elaborado por Gerardo Pollicita (el fiscal de Rafecas) quien podrá sugerir el impulso fiscal y las eventuales imputaciones para que la causa arranque.
Pollicita, junto a otros siete fiscales federales y su superior ante la Cámara, Germán Moldes, firmó una denuncia para profundizar la investigación contra uno de los supuestos "espías", Héctor Allan Bogado, señalado por Nisman en su denuncia.
Fue un mensaje político de los fiscales y una muestra del clima tenso que atraviesa hoy Comodoro. La presentación tuvo como objetivo mostrar unidad entre los representantes del Ministerio Público.
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El Poder Judicial tiene ahora la última palabra en la denuncia por el supuesto encubrimiento del Ejecutivo nacional a los iraníes sospechados de poner el coche bomba frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) el 18 de julio de 1994, el peor atentado terrorista registrado en la Argentina, que causó la muerte a 85 personas e hirió a más de 300.
El fiscal Alberto Nisman inició la causa por encubrimiento y murió sin poder continuarla. El fallecido magistrado la presentó el 14 de enero pasado en el juzgado de Ariel Lijo, basándose en el hecho de que Lijo tiene a su cargo todas las causas por irregularidades y encubrimiento del atentado contra la mutual judía.
El juez en cuestión estaba de licencia pero la magistrada subrogante, María Servini de Cubría, rechazó habilitar la feria para tratar la denuncia.
Nisman muere el 18 de enero y, al día siguiente, Lijo decide retornar de sus vacaciones, habilitar la feria y resguardar las pruebas relevadas de la UFI Amia. Ordena copiar discos con escuchas y acumular la documentación disponible; pide informes a la Secretaría de Inteligencia (ex-Side) y dispone custodia para algunos de los acusados de ser "espías".
Pero a pesar de que Lijo habilitó la feria, se declaró incompetente, consideró que no pueden vincularse los hechos denunciados con ninguna de las causas en trámite porque son hechos distintos.
El periplo del expediente
El caso fue a sorteo y recayó en el juzgado de Daniel Rafecas que estaba subrogado por Sebastián Ramos.
Este, a su vez, rechazó la competencia y la causa fue nuevamente remitida a Lijo, quien ratificó su rechazo, con lo que la Cámara Federal decidió que el juez definitivo para avocarse a la causa es el juez, Daniel Rafecas. El magistrado estará de vacaciones hasta el 20 de este mes y, cuando vuelva tendrá que empezar a tomar medidas de una causa que, para algunos es "explosiva" y, para otros un "bochorno escrito por un aprendiz".
Tras la excusación de Servini de Cubría, Lijo y Ramos; Rafecas es el cuarto juez que interviene en el caso.
Para que la denuncia de Nisman se estacione por fin en un juzgado debió terciar la Cámara. El titular de la misma, Martín Irurzun, determinó que, "en principio, son desvinculables entre sí" las causas que la justicia instruye por el encubrimiento del atentado a la Amia y la presentación del fiscal fallecido contra la Presidente, funcionarios nacionales y dirigentes del kirchnerismo.
Por orden del presidente de la Cámara, Irurzun, se resolvió la cuestión de competencia en la causa sobre un "plan criminal" para desvincular a los iraníes de la responsabilidad del atentado. Irurzun utilizó tres carillas para establecer que Rafecas debía ser el juez encargado de analizar la presentación de Nisman y decidir los pasos a seguir para esclarecer los hechos. El camarista aclaró que al no contar con "requerimiento fiscal de instrucción que delimite el objeto procesal", no es posible conocer la dirección en la que irá la pesquisa. Ese requerimiento deberá ser elaborado por Gerardo Pollicita (el fiscal de Rafecas) quien podrá sugerir el impulso fiscal y las eventuales imputaciones para que la causa arranque.
Pollicita, junto a otros siete fiscales federales y su superior ante la Cámara, Germán Moldes, firmó una denuncia para profundizar la investigación contra uno de los supuestos "espías", Héctor Allan Bogado, señalado por Nisman en su denuncia.
Fue un mensaje político de los fiscales y una muestra del clima tenso que atraviesa hoy Comodoro. La presentación tuvo como objetivo mostrar unidad entre los representantes del Ministerio Público.
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