El juez del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, Luiz Edson Fachin, decidió la suspensión temporal del proceso con vistas a un posible juicio político contra la presidente Dilma Rousseff, hasta que se analice la constitucionalidad de la ley que regula las normas del proceso de destitución.
Fachin justificó su decisión en la necesidad del STF de analizar, por pedido del Partido Comunista do Brasil (PcdoB), si la ley que regula las normas del proceso de destitución de la mandataria es constitucional, punto sobre el que el máximo tribunal deberá pronunciarse el miércoles 16 de diciembre.
Por eso el magistrado decidió suspender de manera inmediata la formación de la comisión especial del Congreso, conformada por 65 diputados, que tiene la misión de analizar si las acusaciones hechas contra Rousseff tienen peso jurídico como para provocar la destitución de la Jefe de Estado.
"Con el objetivo de evitar la práctica de actos que eventualmente podrán ser invalidados por el Supremo Tribunal Federal (...) determino la suspensión de la formación y la no instalación de la Comisión Especial, así como de los eventuales plazos, inclusive aquellos en curso", expresó el magistrado.
La oposición busca enjuiciar a Rousseff por ciertos manejos financieros en las cuentas del 2014 que apuntaron a mejorar los números fiscales.
La apertura de un proceso con miras a la destitución del jefe de Estado fue solicitada por un grupo de juristas y cuatro partidos opositores que consideran que esas maniobras descubiertas suponen "delitos de responsabilidad", una de las causas que la Constitución nacional brasileña contempla como motivo suficiente para la destitución de un mandatario.
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El juez del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, Luiz Edson Fachin, decidió la suspensión temporal del proceso con vistas a un posible juicio político contra la presidente Dilma Rousseff, hasta que se analice la constitucionalidad de la ley que regula las normas del proceso de destitución.
Fachin justificó su decisión en la necesidad del STF de analizar, por pedido del Partido Comunista do Brasil (PcdoB), si la ley que regula las normas del proceso de destitución de la mandataria es constitucional, punto sobre el que el máximo tribunal deberá pronunciarse el miércoles 16 de diciembre.
Por eso el magistrado decidió suspender de manera inmediata la formación de la comisión especial del Congreso, conformada por 65 diputados, que tiene la misión de analizar si las acusaciones hechas contra Rousseff tienen peso jurídico como para provocar la destitución de la Jefe de Estado.
"Con el objetivo de evitar la práctica de actos que eventualmente podrán ser invalidados por el Supremo Tribunal Federal (...) determino la suspensión de la formación y la no instalación de la Comisión Especial, así como de los eventuales plazos, inclusive aquellos en curso", expresó el magistrado.
La oposición busca enjuiciar a Rousseff por ciertos manejos financieros en las cuentas del 2014 que apuntaron a mejorar los números fiscales.
La apertura de un proceso con miras a la destitución del jefe de Estado fue solicitada por un grupo de juristas y cuatro partidos opositores que consideran que esas maniobras descubiertas suponen "delitos de responsabilidad", una de las causas que la Constitución nacional brasileña contempla como motivo suficiente para la destitución de un mandatario.
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