La coordinadora general del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (Coaj) habló sobre los planteos de los pueblos originarios luego de participar de una jornada de intercambio junto a autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia, realizada con el objetivo de afianzar el programa de Salud Indígena. También se refirió a las problemáticas actuales de las comunidades.
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La coordinadora general del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (Coaj) habló sobre los planteos de los pueblos originarios luego de participar de una jornada de intercambio junto a autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia, realizada con el objetivo de afianzar el programa de Salud Indígena. También se refirió a las problemáticas actuales de las comunidades.
-¿Cuál es el objetivo del Coaj al participar de las jornadas organizadas por el Ministerio de Salud?
-Venimos a apoyar al programa de Salud Indígena, que nació en el seno de la militancia del proceso organizativo del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy en el año 1994, con mucho impulso de las comunidades. Como miembros del Coaj nos informamos de lo que ocurre en la jornada para reconocer los avances que se lograron, capitalizando el trabajo de los pueblos indígenas.
-¿Qué tipo de avances consiguieron en cuanto al respeto de sus derechos?
-Uno de los avances es la generación de políticas públicas adecuadas culturalmente, y en este sentido este programa – Salud Indígena- es un reflejo y una muestra de lo que es adecuar la política pública. Nosotros avanzamos mucho también en educación, tenemos nuestro propio Instituto de Educación Superior Indígena que cuenta con tres carreras con casi setecientos alumnos, de los cuales ciento cincuenta son de la provincia de Salta, lo que da cuenta de que somos el primer Instituto de Educación Superior del país para pueblos indígenas. El desafío ahora es institucionalizar esta experiencia, porque creemos que la educación ha sido uno de los ámbitos de menos acceso para los pueblos indígenas y en ese sentido el Consejo ha centrado su esfuerzo en poder garantizar el acceso a la educación.
-¿Cuáles son los desafíos de este año?
-Queremos seguir reforzando e institucionalizando el Instituto Superior, crear nuevas carreras y avanzar sobre otros niveles de la educación, porque actualmente trabajamos en educación superior pero todavía vemos que existe analfabetismo en otras comunidades, y creemos que es un tema a superar. El acceso a la educación secundaria tiene sus desafíos y nosotros como una institución que tiene experiencia en la gestión educativa y experiencia en el tema indígena, podemos apoyar con insumos estas propuestas.
-¿En qué regiones de la provincia todavía existe analfabetismo de comunidades?
-Nosotros creemos que las comunidades que están en la Puna son las más afectadas por el analfabetismo, porque la mayoría de los pobladores no tiene acceso a la educación superior, aunque también existe falta de acceso a la educación generalizada. Nosotros los aborígenes somos hijos de mujeres que apenas han terminado el nivel secundario y nietos de mujeres que seguramente apenas terminaron la primaria. Entonces creemos que el acceso a la educación está muy vinculado al acceso geográfico en etapas o años anteriores, pero también tiene que ver en estos tiempo con la falta de garantías frente al acceso a la educación. Entonces podemos afirmar que todavía existe una presencia de analfabetismo, no es alta pero existe y eso hay que trabajarlo.
-¿Las comunidades de la provincia se encuentran trabajando en algún proyecto común?
-Uno de los temas interesantes que estamos tratando es el ejercicio del “consentimiento libre previo informado”. Es un derecho humano fundamental que garantiza otros derechos, garantiza que las comunidades y pueblos aborígenes puedan ser consultados con proyección al consentimiento o al acuerdo sobre temas que afecten su territorio, ya sean temas de infraestructura, medidas administrativas, medidas legislativas, y en eso el Estado tiene que jugar el rol de garante. Ese es un tema que moviliza mucho a las comunidades y a las organizaciones. Por ejemplo este año se plantearon consultas en la construcción de parques industriales, se está diciendo también que van a haber medidas de urbanización de territorios de la Puna y nuevas legislaciones, y en este sentido las comunidades tienen que ser consultadas, porque inclusive la política pública debería ser consultada según lo indica el derecho indígena.
