El Plan REMEDIAR no se elimina, sino que se modifica para focalizarlo en líneas de cuidado priorizadas, según confirmó el Ministerio de Salud de la Nación. La decisión, anticipada hace un año por el ministro Mario Lugones en el Consejo Federal de Salud (COFESA), fue ratificada el mes pasado y comenzará a aplicarse plenamente a partir de septiembre, con una transición coordinada con las provincias región por región.
Desde el Gobierno Nacional aseguran que es prioridad absoluta garantizar tratamientos de altísima complejidad para pacientes que no pueden esperar. En 2025, el Ministerio de Salud invirtió casi 121 mil millones de pesos en tratamientos oncológicos y para enfermedades poco frecuentes a través de la DINADIC, destinados a pacientes cuyas coberturas fueron negadas por sus provincias. En el primer trimestre de 2026, ya se destinaron más de 50.000 millones de pesos a medicamentos de alto costo, y se estima llegar a 200.000 millones a fin de año, casi el doble que en 2025.
El plan Remediar fue creado en 2002, en plena crisis económica, pero con el tiempo —según admiten fuentes oficiales— la falta de trazabilidad y control derivó en desvíos, malversación de kits, venta ilegal de fármacos y usos por fuera del sistema. Menos del 10% de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) reportaba fehacientemente el uso de los medicamentos, lo que hacía imposible medir el impacto sanitario. El vademécum incluía analgésicos, antibióticos, antiácidos, antiasmáticos, corticoides, antiespasmódicos, fármacos ginecológicos y cardiovasculares.
Bajo el nuevo esquema, a través de los CAPS se atacarán los factores de riesgo para evitar que evolucionen a formas graves. Quedarán fuera del programa los medicamentos de bajo costo, entre ellos algunos de venta libre como antihistamínicos y analgésicos. “Las provincias pueden y deben adquirirlos según su realidad sanitaria específica. Es hora de que asuman su responsabilidad en la atención primaria, como establece la Constitución Nacional”, señalaron desde la cartera sanitaria.
El Gobierno sostiene que la medida forma parte de un reordenamiento federal real: “Nación ejerce rectoría y complementa; las provincias atienden lo primario. Ordenar no es recortar, sino priorizar con criterio sanitario para que el sistema no colapse”.