Un pedido para usar el teléfono desencadenó el caos. Fue el sábado 30 de marzo de 1996, cuando Marcelo “Popó” Brandán Juárez se acercó a la guardia del penal de máxima seguridad de Sierra Chica. Detrás suyo, un cómplice armado redujo a los agentes penitenciarios en cuestión de minutos. Lo que parecía un intento de fuga fallido terminó por sellar el destino de la prisión: durante los siguientes ocho días, el Estado perdió por completo el control sobre una cárcel diseñada bajo el modelo panóptico para vigilarlo todo.
El motín, que la prensa bautizó como “Los 12 Apóstoles” por su coincidencia con la fecha religiosa, se convirtió en la revuelta más sangrienta de la historia penitenciaria argentina. Lo que siguió fue una escalada de horror sin precedentes: ocho presos asesinados, canibalismo, una jueza tomada como rehén y un clima de terror absoluto que se prolongó hasta el Domingo de Pascuas.
El alcohol casero conocido como “pajarito” y las drogas circularon con libertad, potenciando la brutalidad. La banda liderada por Brandán Juárez fue directo a buscar a sus rivales, la banda de Agapito “Gapo” Lencina. El primer homicidio fue el de Hugo Barrionuevo Vega, acribillado a disparos y puñaladas. Luego llegaron otros seis. Lencina resistió con un cuchillo, pero fue ejecutado a tiros y facazos en una secuencia feroz e inmediata.
El nivel de sadismo alcanzó extremos simbólicos. Los cuerpos de los presos asesinados fueron mutilados con hachas, desmembrados y cocinados en el Horno 1 de la panadería del penal. Con los restos prepararon empanadas de carne humana y obligaron a comerlas a varios de los diecisiete rehenes, entre ellos guardiacárceles. “Te estás comiendo un rocho”, les dijeron luego, provocando descomposturas y desmayos. Con la cabeza de “Gapo” Lencina, los amotinados jugaron al fútbol en uno de los patios.
En medio del horror, la jueza María de las Mercedes Malere llegó al penal junto a su secretario, Héctor Torrens, para intentar una negociación. “Se están equivocando, hacen una cagada enorme”, les advirtió la magistrada. Pero no hubo diálogo posible. “Popó” la tomó del brazo mientras otro interno apretaba una faca contra el cuerpo de su secretario. Ambos fueron llevados como rehenes al pabellón 6. Más tarde, la jueza fue aislada y subida a un sector elevado del penal, desde donde amenazaron con arrojarla si las fuerzas de seguridad intentaban intervenir. Ella nunca confirmó los pormenores de esos días y en el juicio solo definió lo vivido como “una situación límite, extrema”.
El entonces gobernador Eduardo Duhalde evaluó una intervención por la fuerza con helicópteros, pero desistió ante la alta probabilidad de una masacre. El 5 de abril, los amotinados subieron al techo del pabellón 11 y hablaron con la prensa: exigieron autos, armas y un helicóptero para fugarse, amenazando con matar a todos los rehenes.
La rendición llegó el Domingo de Pascuas, tras conceder modificaciones a algunas de sus demandas, como la aceleración de causas judiciales y traslados. El saldo fue irreversible: ocho presos muertos, el doble de heridos y una herida profunda en el sistema penitenciario argentino que dejó al descubierto la sobrepoblación y el autogobierno de los internos en los pabellones.
Cuatro años después, en febrero de 2000, los 24 imputados escucharon las sentencias desde sus celdas a través de un sistema de video, una medida de seguridad inédita para la época. Los jueces del tribunal de Melchor Romero dictaron reclusión perpetua para los líderes Marcelo “Popó” Brandán Juárez, Jorge Pedraza, Juan Murguia, Miguel Acevedo, Víctor Esquivel y Miguel Ángel Ruiz Dávalos. Otros ocho recibieron penas de 15 años y dos, de 12 años.
Hoy, el Horno 1 de Sierra Chica sigue en funcionamiento y produce el pan diario para los internos. Su estructura no revela nada de lo que ocurrió, pero la historia persiste como uno de los episodios más oscuros de la historia del país.
