Tras rechazar cinco decretos desregulatorios, el Senado le dio anoche otra paliza legislativa al Gobierno y convirtió en ley el refuerzo del financiamiento universitario, norma que el presidente Javier Milei prometió vetar por considerar que rompe el equilibrio fiscal. Al cierre de esta edición, los senadores se encaminaban a aprobar la ley de Emergencia pediátrica.
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Tras rechazar cinco decretos desregulatorios, el Senado le dio anoche otra paliza legislativa al Gobierno y convirtió en ley el refuerzo del financiamiento universitario, norma que el presidente Javier Milei prometió vetar por considerar que rompe el equilibrio fiscal. Al cierre de esta edición, los senadores se encaminaban a aprobar la ley de Emergencia pediátrica.
El proyecto fue aprobado por la Cámara alta por 58 votos a favor, sólo 10 en contra y tres abstenciones. Una mayoría superior a los dos tercios que podría anticipar un rechazo del eventual veto.
A sancionar la norma colaboraron un mosaico en el que participaron el kirchnerismo, la UCR y fuerzas provinciales. Incluso sumaron su apoyo senadores que hasta no hace poco tiempo apoyaban al Gobierno, como los miembros del interbloque Las Provincias Unidas Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Espínola (Corrientes).
En contra votaron los siete senadores de La Libertad Avanza y tres miembros del bloque Pro: Martín Goerling (Misiones), Alfredo De Angeli (Entre Ríos) y Carmen Alvarez Rivero (Córdoba). La santafesina Carolima Losada fue la única radical que rechazó la iniciativa.
Se abstuvieron María Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut), ambas integrantes de la bancada de Pro, y el peronista salteño Juan Carlos Romero, habitual aliado incondicional de la administración libertaria.
El proyecto propone actualizar las partidas presupuestarias para el sistema universitario nacional al primer día de este año según la inflación acumulada durante 2023 y 2024.
La acumulación de dos años en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) se explica en el hecho de que una iniciativa de similares características fue vetada el año pasado por Milei y coincide, además, con los ejercicios que la administración pública viene funcionando sin un Presupuesto aprobado por el Congreso.
Como parte de la inyección financiera el texto ordena una recomposición salarial, también ajustada por inflación, para docentes y el personal no docente de las casas de altos estudios nacionales a contar desde diciembre de 2023 hasta la fecha sanción de la ley. Una vez concretada esta mejora, la norma establece la realización de paritarias mensuales.
Los decretos
Con una amplia mayoría, la oposición en el Senado rechazó de manera definitiva cinco decretos que reformaban organismos clave como Vialidad Nacional, el Inta, el Inti y el Banco Nacional de Datos Genéticos (Bndg). Se trata del segundo cachetazo legislativo al Gobierno en apenas 24 horas: ayer la Cámara de Diputados insistió con la emergencia en discapacidad y convirtió en ley la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional.
En la mayoría de las votaciones, el bloque libertario resistió casi en soledad, acompañado apenas por un puñado de senadores del Pro, la radical Carolina Losada y algunas abstenciones.
Las dietas suben a $10 millones
El piso salarial de los trabajadores del Congreso se actualizará tras el cierre de una nueva paritaria, por lo que se disparará de forma automática un nuevo incremento en las dietas de los senadores, que llegará a fin de año a los 10,2 millones de pesos. El incremento en los recibos de los legisladores tendrá lugar después de que, en abril de 2024, votaran a mano alzada y sin debate un aumento que incluyó una cláusula que dejó atada la actualización salarial del cuerpo a los acuerdos que cerraran los propios empleados legislativos. Para noviembre de este año, el valor del módulo pasará a $2.554,84, lo que elevará la dieta de los senadores a $10.216.000 millones de pesos en bruto.
Actualmente, la percepción es de poco más de 9 millones de pesos en bruto para aquellos que habían renunciado al último incremento, en junio, y de 9,5 millones para quienes no lo hicieron. Solo la mitad del cuerpo presentó la nota correspondiente ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para efectuar la renuncia. Villarruel dictó un decreto en el que invitaba a los legisladores a “adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas”.
