El Gobierno nacional identificó, mediante un cruce de datos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que unas 178 mil personas fallecidas continuaban registradas como activas en el sistema del Certificado Único de Discapacidad (CUD). La irregularidad, calificada por una alta fuente gubernamental como “una estafa al Estado”, fue descubierta en el marco de la auditoría integral que se realiza en el organismo desde fines de agosto.
Según informaron, el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, autorizó la baja inmediata de los certificados detectados. Además, en Balcarce 50 se analiza la posibilidad de judicializar tanto a los titulares de los beneficios como a los prestadores involucrados. “Se van a cotejar los datos de los fallecidos con los prestadores. La idea final es avanzar legalmente contra ellos”, aseguró una voz al tanto de la investigación.
El hallazgo se produce en un contexto de revisiones profundas en la agencia, luego de la salida de su anterior titular, Diego Spagnuolo, vinculado a una polémica por audios sobre presuntas coimas. Spagnuolo, quien alega que los registros fueron manipulados con inteligencia artificial, presentó una pericia judicial al respecto.
La auditoría también encontró otras inconsistencias, como un incremento del 27% en la compra de medicamentos para leucemia, lo que llevó al Gobierno a evaluar –sin concretarlo– quitar la autonomía a la ANDIS y transferirla al Ministerio de Salud.
Este descubrimiento se dio en la misma semana en que el oficialismo intentó, sin éxito, derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad a través del Presupuesto 2026. Pese a la resistencia en Diputados, el proyecto obtuvo dictamen en el Senado, aunque el Gobierno ya trabaja en una contrapropuesta con modificaciones a la normativa vigente.
Los resultados finales de la auditoría en la ANDIS se esperan para fines del primer trimestre de 2026.
