Una mujer, identificada como E.E.S., fue imputada por someter a la servidumbre a la cuidadora de su madre, si bien la víctima y la persona mayor viven en Rosario, la señalada reside en la ciudad estadounidense de Los Ángeles y desde allí manejaba la administración del domicilio.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas en base a la información proporcionada por Fiscales.gob, la investigación fue formalizada por la Unidad Fiscal de Rosario y la acusación indica presunta trata de personas con fines de reducción a la servidumbre.
Según las fiscales, las tareas que realizó la víctima durante 22 años fueron en jornadas completas, sin retiro de la casa ni recibir ningún tipo de remuneración por sus servicios, sin descansos, vacaciones ni aguinaldos y con ausencia total de aportes previsionales y cobertura de salud.
Tal como indica la investigación, la víctima, ahora de 37 años, había sido captada en la provincia de Corrientes y trasladada a Rosario en 2003, cuando era una adolescente de 14 años, y realizaba múltiples tareas domésticas en un domicilio del barrio rosarino Martin.
La hipótesis indica que la explotación se habría extendido durante 22 años y cesó en octubre pasado, luego de un allanamiento en el domicilio en donde intervino la Policía Federal y Acompañamiento a Víctimas, junto a la Secretaría de Derechos Humanos.
E.E.S participó de la audiencia por videollamada desde su país de residencia, junto a su defensor, el abogado Gustavo Feldman, mientras que la víctima estuvo representada por las defensoras públicas Rosana Gambacorta y María Belén Penisi, y contó con el acompañamiento interdisciplinario de la psicóloga Evangelina Sovrán y el antropólogo José Rubio.
La amputación se condice con la modalidad de acogimiento, doblemente agravado por abuso de una situación de vulnerabilidad y al tener en cuenta que se consumó la explotación en perjuicio de la víctima, en tanto, se consideró la acusación desde 2022 hasta 2025, cuando subrogó el lugar de su madre en el control de lo que ocurría dentro del domicilio.
La acusada contaba con cámaras de seguridad y un celular que le había entregado a la víctima para garantizar que se mantenía en la vivienda durante ese lapso de tiempo. Si bien las fiscales no consideraron atribuir los 22 años de explotación a la señalada, aunque sostienen “que hay conductas penalmente relevantes, porque desde que tomó la dirección de los asuntos de la casa tuvo la posibilidad de hacer cesar el estado de servidumbre”.
