Fue una ceremonia intima y, aun así, se juntaron decenas de personas. Familiares, amigos, compañeros del club Excursionistas, vecinos, todos en silencio acompañando, principalmente a Irma "Pochi" Lima (87). El sábado, poco antes del mediodía –y luego de 15.276 días de espera– la familia de Diego Fernández (16) pudo hacer un cierre: colocó el pequeño féretro con sus restos en un nicho del Cementerio de Chacarita. La Justicia aun no permitió una cremación.
Así terminó una espera dolorosa que comenzó la tarde del 26 de julio de 1984 cuando Diego le pidió plata a su mamá para el colectivo. Se fue comiendo una mandarina a la casa de un amigo, prometiendo volver más tarde. Nunca más se supo nada del él hasta mayo pasado cuando su cuerpo apareció de casualidad enterrado en la casa de un ex compañero de colegio donde se estaban haciendo trabajos en una medianera, en Congreso al 3700, Coghlan.
Juntarse con los restos fue una reparación para los Fernández, el fin de una etapa. Pero casi sin respiro Javier –el hermano menor de Diego– seguirá peleando otra batalla este miércoles cuando –como querellante– reclame en la Cámara Criminal de Apelaciones que no convalide el cierre la causa por el crimen de Diego y se siga investigando a Cristian Graf (57).
"Esta audiencia nos da esperanza de que no se cierre la causa. Queremos que algún Graf pague por tanto sufrimiento", le dijo a Clarín Javier, quien ira a la Cámara acompañado por sus abogados, Hugo Wortman Jofre y Tomas Brady.
Luego de que en octubre pasado el juez de Instrucción Alejandro Litvak sobreseyera a Graf por los delitos de "encubrimiento agravado" y "supresión de evidencia" –considerando la causa "prescripta por el paso del tiempo"– el fiscal Martín López Perrando y la querella apelaron.
La cuestión quedó radicada en la Sala IV de la Cámara del Crimen integrada por los jueces Julio Lucini, Hernán López e Ignacio Rodríguez Varela. Ante ellos hablaran este miércoles a las 11 las partes y, ya adelantó Rodríguez Varela, será algo breve: unos 10 minutos para cada uno. De hecho, es inusual que la Cámara cite presencialmente a las partes, en general las apelaciones se viene resolviendo solo por escrito. Graf no está obligado a presentarse así que se cree que no lo hará
A la partir de la exposición de la fiscalía y la querella, los jueces pueden pasar a deliberar y resolver en el momento o hacerlo después. Lo usual es que no se tomen muchos días.
Prescripción e impunidad
No es fácil digerir que un chico de 16 años asesinado en julio de 1984 –desaparecido durante 41 años y cuyo cuerpo finalmente fue encontrado de casualidad en el jardín de una casa– no obtenga Justicia.
Pela los nervios que su familia no pueda investigar a través de la Justicia –que siempre ninguneó el caso como "fuga de hogar"– qué pasó con Diego tras irse de la casa de sus padre.
Algo así dijo el fiscal López Perrando al final de su escrito de apelación:
"Pienso, como corolario, que a Diego Fernández lo volvimos a matar. Sin embargo ahora hay otros responsables de uno y otro lado: los que hallaron los restos hicieron su trabajo, las autoridades policiales hicieron su trabajo, los vecinos, llamando y alertando sobre el descubrimiento hicieron su trabajo, los obreros resguardando y declarando lo que vieron y escucharon hicieron su trabajo, el equipo de antropología forense hizo su trabajo, sus compañeros de clase hicieron su trabajo".
Y remató: "Le llegó el turno la Justicia para que haga lo suyo, y lo único que sucedió fue simplificar la imputación sin atender a muchos de los considerandos que aquí enumero para resolverla sin más. Hay una verdad pudriéndose en el alma de los participantes de este homicidio y estamos a la puerta de escucharla de boca de quienes la saben. Clausurar esta investigación no puede ser la respuesta a este suceso".
Por su parte la querella criticó el fallo de Litvak por prematuro e introdujo la posibilidad de un futuro juicio por la verdad:
"Nos hallamos frente a una familia víctima de la desaparición de uno de sus integrantes durante más de 40 años; donde el Estado ha estado ausente o directamente ha entorpecido la búsqueda y en la actualidad, gracias al tesón de la familia, el periodismo y el azar, se ha determinado que se trató de un homicidio violento cometido en un contexto social y familiar que se desconoce, pues nadie lo ha investigado ni lo quiere investigar".
"Esta situación debe ser revertida y debe avanzarse en el esclarecimiento de la verdad de todo lo acontecido, pues en caso contrario quedara en evidencia la responsabilidad del Estado Argentino en una flagrante violación de los derechos humanos de la familia Fernández Lima".
