Representantes de la Comunidad Indígena Pukará de Tilcara visitaron las instalaciones de El Tribuno de Jujuy para dar a conocer la grave situación que atraviesan en torno a la disputa por el territorio que habitan. Sergio Montoya (comunero titular), Desiderio Olmos (comunero alterno) y Delfina Montoya (damnificada) expusieron con firmeza que el conflicto no se trata de propiedad privada, sino de derechos preexistentes de los pueblos originarios.
inicia sesión o regístrate.
Representantes de la Comunidad Indígena Pukará de Tilcara visitaron las instalaciones de El Tribuno de Jujuy para dar a conocer la grave situación que atraviesan en torno a la disputa por el territorio que habitan. Sergio Montoya (comunero titular), Desiderio Olmos (comunero alterno) y Delfina Montoya (damnificada) expusieron con firmeza que el conflicto no se trata de propiedad privada, sino de derechos preexistentes de los pueblos originarios.
"Desde generaciones habitamos este territorio, donde crecieron nuestras familias, nacieron nuestros hijos y nietos. Este lugar no es sólo un espacio físico: es nuestra historia, nuestra vida y nuestro hogar ancestral", señalaron.
Recordaron que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, garantiza la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el respeto a su identidad y la posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. A su vez, el inciso 22 reconoce la jerarquía constitucional de tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, que protege a las comunidades de desalojos sin consulta previa.
Los comuneros relataron que hace años sufrieron un intento de desalojo ilegal cuando fuerzas de seguridad irrumpieron en una vivienda mientras había niños en su interior. "Ese hecho dejó una herida profunda en la comunidad, y hoy la amenaza vuelve", dijeron.
Señalaron que en su momento la jueza Rondón desestimó pruebas claras de permanencia y desconoció a la comunidad como sujeto de derecho. "Detrás de este proceso está el abogado Gustavo Fiad, quien pretende sostener un reclamo territorial basado en una escritura de 1911, vaga, prescripta y sin ubicación exacta. A esto se suma que los iniciadores de esa prescripción trabajaban en inmuebles, con acceso privilegiado a documentación. Hoy esas personas ya fallecieron, pero el doctor Fiad continúa con el proceso. ¿Por qué?", cuestionaron.
Los referentes remarcaron que "el supuesto instrumento legal está caducado y fue acompañado de maniobras políticas y de amiguismo. Fiad utiliza el término 'pronto despacho' no para buscar justicia, sino para obtener un resultado a medida de intereses privados. ¿Cómo puede ser posible que alguien presente un plano de prescripción vencida y aun así consiga un desalojo?", expresaron.
Desde la comunidad subrayaron que no está en discusión la propiedad privada, "sino la manipulación de un bien común en beneficio de unos pocos". En este marco, advirtieron que la derogación de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos y disponía el relevamiento de tierras indígenas, los deja en extrema vulnerabilidad.
Un pedido a la justicia
Actualmente la causa está en manos de otro juez y la comunidad apela a que se revisen los fallos anteriores. "Necesitamos que se planteen pautas claras y se reconozca a la comunidad como parte legítima. Es fundamental dar claridad y transparencia al proceso para recuperar la confianza en una justicia que aparece viciada por complicidades", manifestó Delfina Montoya.
Los comuneros insistieron en que el reclamo no es sólo legal, sino también ético y social. "Queremos dejar algo muy claro: en el peor de los escenarios, si estas tierras se llegaran a disponer, deben ser para los tilcareños, para quienes viven, trabajan y crían a sus familias aquí. No para los poderosos ni para quienes llegan con dinero e intereses ajenos a nuestra comunidad", apuntaron.
Con este mensaje la comunidad indígena Pukará reafirmó su resistencia frente a un proceso que considera "injusto y arbitrario, y que amenaza con despojar a un pueblo de su identidad".