Las representantes de Fundación Siglo 21, Andrea Batalla, Verónica Aramayo y Eugenia Aramayo, presentaron recientemente el monitoreo titulado "A 5 años de la Ley Iara en Jujuy: Aportes desde la sociedad civil para profundizar la implementación de las políticas públicas de género", en el que expusieron avances, desafíos y la necesidad de que la normativa deje de ser transitoria para convertirse en una ley permanente.
La presentación se realizó el pasado 8 de abril en el salón "Marcos Paz" de la Legislatura provincial, ante legisladores y diversos actores institucionales. Allí se dieron a conocer los resultados del estudio elaborado por el equipo técnico de la organización durante 2025, en el marco del proyecto "Más Mujeres, Más Democracia: participación para la igualdad de género en ámbitos locales".
Andrea Batalla, coordinadora de la investigación, quien explicó que el trabajo consistió en un estudio cualitativo desarrollado también en Corrientes y Buenos Aires, coordinado a nivel nacional por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. "Es una ley parida del dolor, del hastío del pueblo jujeño por las ineficacias de las políticas estatales frente a la violencia. A la vez, permitió abrir la Legislatura a los movimientos de mujeres y a la sociedad para debatir qué sucede con esta problemática en la provincia", dijo
Recordó que la normativa surgió en 2020, en un contexto atravesado por 11 femicidios, lo que impulsó la construcción colectiva de criterios y líneas de acción para abordar la violencia de género de manera más eficaz. Al tomar la ley como objeto de estudio se sistematizaron avances y limitaciones, con el objetivo de generar aportes concretos.
Por su parte, Verónica Aramayo detalló que el monitoreo incluyó entrevistas a referentes sociales, funcionarias, decisoras públicas y usuarias de los dispositivos de atención, además del análisis de información pública, como los informes del Consejo Provincial de las Mujeres.
El estudio se centró en áreas clave como salud, educación, seguridad y los dispositivos de atención. Entre los resultados, Batalla destacó que "efectivamente en Jujuy hay un antes y un después a partir de la Ley Iara", destacando la consolidación de un organismo rector con mayor jerarquía institucional, como es el Consejo Provincial de las Mujeres, inexistente en esa forma antes de la normativa.
Entre los avances, se señalaron la ampliación de centros y dispositivos de atención, mejoras en programas de salud sexual y reproductiva, acciones en el ámbito de la seguridad y la creación de espacios especializados. También se valoró el trabajo en educación, con capacitaciones docentes para incorporar la perspectiva de género y detectar situaciones de violencia en las escuelas.
Sin embargo, el informe advierte que persisten limitaciones estructurales. "Existen barreras que dificultan el acceso real de las mujeres a sus derechos", indicó Batalla, quien puso el foco en la necesidad de transparentar la asignación presupuestaria: "Si no hay recursos económicos, la ley termina siendo letra y no políticas públicas que salven vidas".
Además, destacó la importancia de garantizar la participación de las organizaciones de mujeres en la definición del destino de esos recursos, en línea con el origen colectivo de la ley. También se identificó una crisis en los recursos humanos, con sobrecarga laboral y falta de reconocimiento en áreas clave como salud, educación y seguridad.
También se hizo referencia a casos recientes, como el femicidio de Daniela Mamaní, ocurrido en noviembre pasado, que evidenció fallas en la respuesta estatal. "La falta de debida diligencia de la policía y la fiscalía muestra que aún existen obstáculos estructurales para que la ley se traduzca en políticas efectivas", dijeron.
Cabe recordar que la Ley Iara nació como una ley de emergencia en violencia de género, declarada en 2020. Lleva ese nombre en memoria de Iara Rueda, cuyo caso expuso graves falencias en la actuación estatal. "Cuando una mujer falta de su rutina, debe activarse una búsqueda inmediata", enfatizó Batalla.
La normativa busca transversalizar las políticas de género en distintas áreas del Estado y fortalecer el despliegue territorial mediante nuevos dispositivos. Además, promueve la creación de áreas específicas en los municipios y establece líneas de acción en salud, educación y seguridad. Entre los avances, destacó la creación del Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición (Cindac), como herramienta para la búsqueda de personas, y la ampliación de equipos y estructuras, pero estimó que aún resulta insuficiente frente a una situación de emergencia que persiste.
Uno de los ejes de debate centrales fue la vigencia de la ley, que actualmente debe renovarse cada dos años por lo que plantearon la necesidad de que se convierta en una política permanente. "La violencia de género es un problema estructural que no se resuelve en el corto plazo. Necesitamos una ley sin fecha de vencimiento", sostuvo Batalla.
El planteo encontró tuvo consenso entre organizaciones sociales, familiares de víctimas y funcionarios presentes ya que también se analizó el contexto nacional que muestra un retroceso en políticas de género. "Hay un retiro del Estado nacional en programas clave, como la Educación Sexual Integral, la desaparición del Ministerio de las Mujeres y la baja de políticas específicas. Esto impacta directamente en la vida de las mujeres", dijo.
Coincidieron en que, ante la ausencia de un organismo rector federal, las respuestas quedan sujetas a la decisión política de cada provincia. Si bien destacaron que Jujuy sostuvo políticas en la materia, consideraron que la falta de financiamiento y coordinación nacional debilita la capacidad de respuesta.
Enlace para descargar el informe.
El trabajo se hizo en 4 ejes
Por su parte, Eugenia Aramayo, integrante del equipo y responsable de las entrevistas, detalló que el trabajo se estructuró en cuatro ejes, los dispositivos de atención y las áreas de salud, educación y seguridad. En cada uno de estos ámbitos relevaron información sobre el funcionamiento institucional y las experiencias de quienes trabajan en la implementación de la Ley Iara.
En el caso de los dispositivos, analizaron la organización del Consejo Provincial de las Mujeres y el desempeño de los equipos territoriales. A su vez, replicaron la metodología en los otros sectores, entrevistando tanto a funcionarios con capacidad de decisión como a trabajadores que intervienen directamente en la atención de situaciones de violencia. “Recabamos información cualitativa sobre las experiencias de quienes sostienen la ley desde su práctica cotidiana. Encontramos un amplio consenso en que la Ley Iara marcó un antes y un después en las políticas públicas de género, aunque también persisten limitaciones en su aplicación concreta”, explicó Aramayo.
En ese sentido, dijo que buscaron reflejar con precisión los testimonios, poniendo en valor el trabajo diario de los equipos y las dificultades que enfrentan. Entre las principales limitaciones, mencionó problemas vinculados al presupuesto, la asignación de recursos y las condiciones laborales. También advirtió sobre falencias en la formación del personal. “Muchas capacitaciones en perspectiva de género son opcionales y no forman parte del servicio. Esto hace que dependa del interés individual capacitarse, cuando debería ser una garantía del Estado para quienes brindan atención pública”.
Por su parte, Andrea Batalla sostuvo que el análisis se realizó desde una mirada integral, evitando enfoques simplistas. “No planteamos una visión en blanco o negro, sino un abordaje que permita comprender la complejidad de implementar una política pública y sistematizar esa información”, sostuvo.
Finalmente explicó que el informe busca constituirse en una herramienta útil tanto para quienes toman decisiones como para organizaciones sociales, profesionales y usuarias, con el objetivo de orientar demandas y fortalecer las políticas públicas. “Es una ley valiosa, que vino para quedarse y que promovió cambios concretos. Este aporte apunta a seguir avanzando en ese camino”, dijo Verónica Aramayo.
Hubo apoyo legislativo
Las diputadas Verónica Valente y Mariela Ortiz valoraron el informe presentado por Fundación Siglo 21 y coincidieron en la necesidad de profundizar las políticas públicas de género en Jujuy. Valente agradeció el trabajo realizado y destacó la importancia de fortalecer las propuestas institucionales y la capacitación del personal para garantizar respuestas eficaces. Por su parte, Ortiz sostuvo que la Ley Iara “marcó un antes y un después” en la prevención y erradicación de la violencia de género, destacó avances en seguridad, salud, educación y el ámbito judicial, con la creación de juzgados y fiscalías especializadas. Sin embargo, advirtió que más del 50% de las denuncias penales están vinculadas a violencia de género, lo que evidencia la necesidad de profundizar las acciones.