La docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país llevará adelante un paro nacional de 72 horas los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, en el marco de un conflicto que continúa profundizándose ante la falta de respuestas del Gobierno nacional.
La medida de fuerza incluirá además acciones de visibilización en distintas universidades, con el objetivo de exponer la crítica situación que atraviesa el sistema educativo superior. Entre los principales reclamos se destacan la ausencia de convocatoria a paritarias, el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios.
Desde los gremios docentes advierten que la deuda salarial acumulada ya supera el 51%, lo que ha generado un fuerte deterioro en las condiciones de vida de trabajadores docentes y no docentes. En este contexto, apuntan directamente a la gestión del presidente Javier Milei, a quien acusan de impulsar una política que "busca profundizar la crisis salarial y debilitar el funcionamiento de la universidad pública".
Asimismo, remarcan que la falta de financiamiento no solo afecta a quienes trabajan en el sistema, sino que tiene consecuencias directas sobre la calidad educativa, la investigación científica y el acceso de los estudiantes. "Cuando se desfinancia la universidad pública se recorta el futuro, se achica la ciencia, se precariza la docencia y hay menos estudiantes", sostienen desde el sector.
En ese sentido, insisten en la necesidad de que el Gobierno cumpla con la normativa vigente y convoque de manera urgente a instancias de negociación salarial. "La ley se cumple, no se modifica y las deudas se pagan", remarcan, al tiempo que exigen una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.
El paro de tres días se inscribe en una serie de acciones gremiales que vienen desarrollándose en todo el país y que buscan visibilizar el conflicto universitario. Desde las organizaciones convocantes subrayan que el financiamiento de la educación superior es clave para el desarrollo nacional y para garantizar el derecho de la población a acceder a una formación gratuita, inclusiva y de calidad.
Finalmente, destacan que la universidad pública cumple un rol estratégico en la producción de conocimiento, la movilidad social y el desarrollo científico-tecnológico del país. "No es un gasto, es una inversión estratégica para una Argentina con futuro", concluyen.
