En un contexto económico que golpea con especial dureza a los adultos mayores, la situación de los jubilados vuelve a encender alarmas. Actualmente, más de 7,5 millones de personas integran el sistema previsional argentino y cerca de 5 millones perciben el haber mínimo, que con la actualización por movilidad prevista para abril alcanzará recién los $380.319,31, o $450.319,31 si se suma el bono otorgado por el Gobierno nacional. La cifra queda muy lejos de la canasta básica de los jubilados, estimada en alrededor de $1.800.000.
En este escenario, comienzan a tomar relevancia distintos fallos judiciales que abren la puerta a una mejora sustancial en los ingresos de un sector específico de jubilados. Así lo explicó la abogada previsionalista Lucía Bracamonte Fellner, quien visitó El Tribuno de Jujuy para visibilizar la problemática y detallar las alternativas existentes.
"La mayoría de los jubilados está cobrando la mínima, que hoy ronda los 489 mil pesos, y eso es nada frente al costo de vida actual", sostuvo. En ese marco, destacó recientes resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, jurisdicción que alcanza a Jujuy, que reconocen el perjuicio generado por los aumentos por decreto durante 2020 y por la fórmula de movilidad implementada en 2021, posteriormente cuestionada por la Justicia.
Según explicó, estos fallos permiten que determinados jubilados puedan iniciar un proceso de reajuste de haberes, que en muchos casos arroja incrementos significativos. "Hay reajustes que superan el 120%. Incluso tenemos el caso de una jubilada que hoy cobra la mínima y, tras el recálculo, pasaría a percibir alrededor de 1.200.000 pesos", ejemplificó.
Quiénes pueden acceder
El beneficio está dirigido principalmente a quienes se jubilaron o pensionaron antes de 2018, cumplan con los requisitos que exige el régimen general o especial, y no hayan adherido a moratorias ni a la denominada Reparación Histórica.
En estos casos, lo que se reclama es el recálculo del haber inicial conforme a criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros tribunales federales, además de la recomposición por pérdidas derivadas de las fórmulas de movilidad aplicadas en los últimos años.
"El reajuste implica calcular nuevamente el haber desde el momento en que la persona se jubiló y por supuesto que se le abonen los retroactivos", indicó Bracamonte Fellner.
A diferencia de otros reclamos colectivos, este tipo de trámite debe realizarse de manera individual dado que cada caso requiere un análisis particular, ya que influyen variables como la fecha de jubilación, los años de aportes y el régimen aplicable.
El procedimiento comienza con un reclamo administrativo ante Anses y continúa en la Justicia Federal donde se inicia la demanda. "No puede ser una acción colectiva porque cada jubilado tiene una situación distinta. Cada uno tiene que iniciar su propio juicio", aclaró la especialista.
El trámite no demanda una participación constante del jubilado. Según detalló, solo es necesaria su presencia en instancias puntuales, como la firma de poderes ante el organismo previsional y el juzgado.
En cuanto a los costos, señaló que el único gasto inicial corresponde al cálculo previsional realizado por un profesional especializado que ronda los $100.000. Mientras que los honorarios legales se perciben recién al finalizar el proceso.
Plazos y avances
Comentó que los tiempos judiciales siguen siendo extensos, aunque con señales de mejora. "Estamos hablando de entre un año y medio y dos años como mínimo, aunque algunos casos pueden extenderse hasta tres años", indicó.
No obstante, destacó una reciente resolución de Anses que comenzaría a aplicarse de forma progresiva y que permitiría a los jubilados empezar a cobrar el haber reajustado tras la sentencia de primera instancia, incluso antes de que se determine el monto total del retroactivo.
"Eso sería muy positivo porque la sentencia de primera instancia suele salir en cinco o seis meses. A partir de ahí, el jubilado ya podría cobrar mejor mientras continúa el juicio por el retroactivo", explicó.
La abogada también puso el foco en las inequidades del sistema previsional. Señaló que, en muchos casos, personas que accedieron a una jubilación mediante moratorias terminan percibiendo montos similares a quienes realizaron aportes durante 30 años o más.
"Hay jubilados que trabajaron toda su vida, incluso más de 30 años, y cobran prácticamente lo mismo que otros que accedieron por moratoria. Eso genera una desigualdad que no se condice con los derechos constitucionales", afirmó.
En este contexto, mencionó especialmente la situación de extrabajadores de Altos Hornos Zapla, muchos de los cuales también iniciaron acciones judiciales para reclamar una recomposición acorde a los salarios que percibían en actividad.
Así, el acceso a un haber digno continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema previsional argentino. Y, aunque los fallos judiciales abren una puerta para algunos, la mayoría de los jubilados sigue enfrentando una realidad marcada por ingresos insuficientes frente al costo de vida.
