La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) realizó ayer una jornada provincial de lucha de 24 horas ante la falta de convocatoria a paritarias por parte del Ejecutivo provincial. La medida incluyó retención de tareas y actividades de difusión en Casa de Gobierno, como forma de visibilizar un conflicto que ya se prolonga por más de mes y medio.
Desde la última paritaria, que fue calificada por la asamblea gremial como "insuficiente, discriminatoria, irresponsable y extorsiva", el sector profesional sostiene que no se ha abierto ninguna instancia real de diálogo. El gremio denuncia que, pese a haber presentado ocho pedidos de audiencia al gobernador Carlos Sadir desde diciembre de 2023 hasta la fecha, ninguno fue respondido.
El secretario general de Apuap, Nicolás Fernández, explicó que incluso se insistió con tres solicitudes de audiencia al ministro de Hacienda, Federico Cardozo, para discutir la reapertura salarial, sin obtener respuestas. "Queremos seguir dando a conocer a la comunidad la crisis que atraviesan los profesionales de la administración pública. El déficit de recurso humano no está siendo abordado correctamente y eso impacta directamente en la calidad de los servicios que recibe la sociedad", señaló.
Fernández también hizo referencia a declaraciones recientes del gobernador Sadir contra el presidente Javier Milei por la falta de diálogo. "Nos parece pertinente esa crítica, pero observamos que la misma forma de gobierno que se cuestiona a nivel nacional se replica en la provincia. Si aquí existiera disposición al diálogo y a resolver la crisis, los profesionales no tendríamos que estar en las calles", sostuvo.
El reclamo del sector se centra en la necesidad de salarios dignos, decisiones políticas para frenar el ajuste y medidas concretas para garantizar la permanencia de profesionales en la provincia. "En Jujuy se habla de superávit fiscal, pero ese resultado se logra dejando a los trabajadores afuera. Los anuncios de reapertura de paritarias ya se corrieron dos veces, primero a septiembre y luego a octubre, sin que se materialicen", remarcaron desde el gremio.
El éxodo profesional es una de las principales preocupaciones. Apuap advierte que en la última década se perdieron más de 800 cargos profesionales, de los cuales un 60% corresponde al sector salud. Médicos, enfermeros, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos y nutricionistas figuran entre quienes renunciaron, desalentados por salarios que no cubren las necesidades básicas. "Nadie quiere volver a la provincia a trabajar porque lo que se ofrece no es convincente, y eso agrava una crisis estructural que repercute en la atención pública", señaló preocupado el gremialista.
El gremio exigió que el gobernador responda los pedidos de audiencia y que el ministro de Hacienda abra canales de negociación inmediatos. Para Apuap, sin un proceso serio de recomposición salarial y de fortalecimiento del recurso humano, no será posible frenar la desprofesionalización del Estado ni garantizar la calidad de los servicios que la ciudadanía necesita.
La protesta de los profesionales se suma a un clima de creciente conflictividad en la provincia. Mientras tanto, los trabajadores advierten que las medidas de fuerza continuarán si no hay señales concretas de diálogo y soluciones por parte del Ejecutivo provincial.