El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy confirmó la apertura de una investigación penal para dar con el origen de la filtración de datos confidenciales de un expediente judicial que se encontraba en trámite. La información fue divulgada de manera pública por diversos medios, con especial protagonismo del programa “Telenueve Denuncia”, en su emisión del pasado 18 de septiembre.
Según informó el organismo a través de un comunicado, la causa fue abierta bajo el legajo P-24901/2025 y se instruye con la calificación legal de “entorpecimiento o turbación de actos funcionales de la autoridad”, un delito previsto en el artículo 241 del Código Penal.
La investigación busca esclarecer cómo se produjo la filtración de los documentos, a los que en el marco del proceso judicial tenían acceso únicamente el propio MPA, el Ministerio Público de la Defensa, abogados defensores particulares y personal de la Oficina de Gestión Judicial.
Auditoría interna y próximos pasos
De manera inmediata a la divulgación de los datos, el MPA dispuso que su Auditoría Interna realizara un procedimiento preliminar. El informe concluyó que, por el momento, no hay indicios que apunten a que la filtración se haya originado dentro de ese organismo.
En el marco de la investigación, ahora se están adoptando las medidas procesales correspondientes, que incluyen la citación a declarar a todas las personas que tuvieron acceso al expediente filtrado.
El Ministerio Público de la Acusación aseguró que “continuará impulsando todas las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes”, y reafirmó su “compromiso con la legalidad, la transparencia institucional y la tutela judicial efectiva”.
Advertencia sobre las consecuencias
Finalmente, el organismo advirtió que la difusión indebida de información sensible de expedientes en trámite puede acarrear responsabilidades tanto penales como administrativas para quienes resulten responsables. Además, subrayó que este tipo de acciones afecta gravemente los derechos de las víctimas y el debido proceso de los imputados.