La medida adoptada por el presidente Javier Milei condiciona el normal funcionamiento de las casas de estudio en todo el país, al desconocer la importancia de garantizar recursos adecuados para sostener la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.
En un encuentro realizado recientemente, se coincidió en que el desfinanciamiento no solo pone en riesgo la calidad académica, sino también el futuro de miles de jóvenes que ven en la universidad pública una posibilidad real de desarrollo personal y profesional. Asimismo, se remarcó que estas políticas impactan en toda la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, investigadores y personal no docente.
En ese marco, Mario Bonillo adelantó que esta tarde se pondrá en contacto a nivel nacional, en el marco del debate en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de mejorar las condiciones de la educación superior pública.
Los asistentes expusieron además la difícil situación económica que atraviesa el sistema universitario en los últimos años: salarios docentes, no docentes e investigadores que pierden valor frente a la inflación, partidas congeladas para infraestructura, extensión, becas y ciencia, y exigencias de auditorías que, aunque legítimas como mecanismos de control, terminan sirviendo de excusa para retrasar o negar recursos ya aprobados. Esta combinación deja a las universidades al borde del colapso.
Finalmente, la visita permitió ratificar el compromiso de los distintos claustros con la defensa de una educación libre, gratuita y de calidad, entendiendo que la universidad no puede quedar sujeta a coyunturas de ajuste fiscal ni a miradas que desconocen su valor estratégico para el país.