La Legislatura aprobó ayer, por mayoría, la Ley 6.468, que establece un marco legal general para habilitar, bajo condiciones específicas, la transformación jurídica de las Sociedades del Estado de la Provincia.
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La Legislatura aprobó ayer, por mayoría, la Ley 6.468, que establece un marco legal general para habilitar, bajo condiciones específicas, la transformación jurídica de las Sociedades del Estado de la Provincia.
Se sancionó la ley que impone el nombre Pedro Pascual Erazo a la Escuela Primaria 334 de Pueblo Viejo, Cochinoca.
La iniciativa se enmarca en el nuevo escenario jurídico derivado del DNU 70/23, del Ejecutivo nacional, que derogó la Ley 20.705 que regulaba la constitución y el funcionamiento de dichas sociedades.
Mediante un procedimiento facultativo, la nueva norma local permite que las sociedades estatales puedan transformarse en sociedades anónimas, aunque en todos los casos, especialmente con Jujuy Energía y Minería (Jemse), se deberá conservar en todo momento la titularidad estatal de su capital social. Es decir que la mayoría accionaria seguirá en manos del Estado provincial, permitiéndose la incorporación de capital privado hasta un máximo del 49%. Este límite asegura, se destacó, el control estratégico estatal y habilita nuevas fuentes de financiamiento e inversión para mejorar la gestión, expandir actividades y generar empleo.
Asimismo, se estipulan estrictos mecanismos de control sobre el ingreso de capital privado, asegurando su compatibilidad con los fines estratégicos provinciales, la solvencia técnica y financiera de los inversores, y la transparencia en los procesos de participación.
Se informó que también se contempla la posibilidad de una privatización total únicamente cuando existan circunstancias económicas, financieras o estratégicas debidamente acreditadas que justifiquen la desinversión. Esta podrá realizarse conforme a los siguientes requisitos: dictamen previo y favorable de la Fiscalía de Estado; dictamen técnico-económico de un órgano independiente u organismo especializado; y comunicación a la Legislatura dentro de los cinco días hábiles siguientes a la emisión del decreto, acompañada de un informe completo sobre los aspectos económicos, patrimoniales, financieros y operativos, incluyendo las sugerencias y observaciones pertinentes.
Además, se establece que la Legislatura podrá, dentro de un plazo de 30 días, expresar su rechazo mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
Al respecto, el diputado Adriano Morone explicó: "Lo tratamos en tres comisiones: Asuntos Institucionales, Finanzas y Legislación General. No estamos aprobando una ley que tenga que ver con privatizar tal o cual Sociedad del Estado, sino con dar, necesariamente, un marco formal para adecuarlas a la nueva normativa nacional, y de darles mayor protección".
Por su parte, Pedro Belizán, del Frente de Todos - PJ, dijo que "está el compromiso de reflotar la Comisión de Seguimiento de la Deuda Pública en la próxima Labor Parlamentaria, para que se incorpore en el caso de alguna privatización del Estado", con el fin de "control y veeduría" ante la posible venta de acciones.
Asimismo, la Cámara aprobó la Ley 6.469, remitida por el Ejecutivo jujeño, que exime a la razón social Industrias Zapla del 100% del Impuesto de Sellos en toda operación relacionada con su actividad industrial, basándose en los artículos 91 y 92 de la Constitución Provincial.
El legislador Guido Luna señaló que la citada firma es la nueva propietaria de lo que era Aceros Zapla, y que va a absorber a los 250 trabajadores, ya que ninguno será despedido. Asimismo, puntualizó: "Industrias Zapla es la que formalizó el pedido de eximición de los Sellos, que representa un monto casi insignificante en relación con el total que pagan las empresas que tributan en la provincia. El pedido fue fundamentado en que esta medida permitirá canalizar inversiones para recuperar una planta tan emblemática y de esta forma estimular las inversiones productivas que tienen gran impacto no solo en la provincia, sino también en la región". Esta exención será por diez años, hasta el 28 de febrero de 2035.
Por otro lado, la Legislatura aprobó un decreto remitido por el Ejecutivo que establece la continuidad del Plan de Contingencia "Jujuy Asiste y Reactiva", creado en 2018 para ayudar a personas y sectores vulnerables como también para promover el desarrollo económico mediante inversión y apoyo a emprendimientos y Pymes. Y también una ley que instituye el 24 de noviembre como el Día de la Ruta de la Paz (Peace Road).
Y la resolución que rechaza la disolución del Instituto Nacional Belgraniano, dispuesta por decreto del Ejecutivo nacional.
Recuperación de “búnkeres” de drogas
La Legislatura de la Provincia transformó en Ley 6.472, que incorpora el artículo 10 bis a la 6.243 (creación de juzgados y fiscalías con competencia en narcomenudeo), el proyecto impulsado por el diputado Adriano Morone, por el cual se podrá recuperar y poner al servicio de la comunidad los inmuebles que eran utilizados para el fraccionamiento, acopio, venta y distribución de estupefacientes.
“Esto era un compromiso asumido en campaña y hoy cumplimos”, dijo el diputado de Jujuy Crece. La norma estipula la posibilidad de devolver los referidos inmuebles a sus legítimos propietarios, destinarlos a seguridad, prevención de adicciones y capacitación laboral o simplemente derribar estos “búnkeres”. Asimismo, Morone resaltó el “amplio acompañamiento” de los bloques políticos que integran la Legislatura a favor de esta iniciativa, aunque lamentó la posición adoptada por el bloque de Izquierda que “no sumó su voto”, entendiendo que “tendrá su motivación”. Por otra parte, reafirmó su vocación de “seguir brindando herramientas al Estado para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, consustanciado con la “batalla emprendida por el Gobierno provincial cuando adoptó la decisión política de desfederalizar la prevención y la represión al narcomenudeo”.
