A lo largo de 2025, la relación entre el Gobierno de Jujuy y los gremios estatales estuvo marcada por un clima de tensión constante, con paritarias que, lejos de generar consenso, profundizaron el malestar de los trabajadores del sector público.
El balance que realizan las organizaciones sindicales es negativo y deja como saldo un año atravesado por reclamos, medidas de fuerza y una fuerte crítica a la política salarial oficial.
Las paritarias se retomaron en los primeros meses del año y derivaron en una serie de incrementos escalonados que, según el Ejecutivo provincial, respondieron a la pauta inflacionaria nacional. En ese marco, se acordó un aumento del 3% en abril, 2% en mayo, 2% en junio, 1,5% en agosto, 1,5% en septiembre, 2% en octubre y, finalmente, un 2,5% en noviembre. Estos porcentajes conformaron el esquema salarial aplicado durante todo el 2025.
Sin embargo, desde los gremios estatales sostienen que esos incrementos no reflejan la realidad económica que atraviesan los trabajadores. Consideran que la inflación oficial resulta "irreal" y distante del impacto concreto que tienen los aumentos de tarifas, servicios, alimentos y transporte en el salario. En ese sentido, advierten que la política de ajuste impulsada a nivel nacional repercute de manera directa en las provincias, y que el gobierno jujeño adopta esos mismos parámetros para definir las paritarias, sin contemplar el costo de vida real.
Uno de los ejes centrales del reclamo gremial durante todo el año fue la necesidad de avanzar hacia salarios que alcancen el valor de la canasta básica total que actualmente supera el millón doscientos mil pesos. Desde las organizaciones sindicales remarcan que los sueldos estatales continúan muy por debajo de ese umbral, lo que empuja a miles de trabajadores a situaciones de endeudamiento y pérdida sostenida del poder adquisitivo.
Otro de los cuestionamientos reiterados fue la modalidad de las paritarias. Los gremios denunciaron que no se trató de verdaderas negociaciones, sino de imposiciones unilaterales por parte del Ejecutivo, sin margen para discutir otros porcentajes o reabrir la discusión salarial. Esta postura oficial derivó en un escenario de conflicto casi permanente.
Durante 2025 se sucedieron paros, cacerolazos, ruidazos, cartelazos y movilizaciones en distintos puntos de la provincia, con epicentro en la plaza Belgrano de la capital jujeña. La protesta fue sostenida principalmente por los gremios docentes, con un rol protagónico de Cedems, Adep, Seom, ATE, Apuap, Atsa y otros sindicatos del sector público. En el último tramo del año también se sumaron los trabajadores judiciales, quienes reclamaron el pago de un bono de fin de año.
Hacia el cierre del 2025, los gremios tenían la expectativa de reabrir la discusión salarial para negociar los meses de diciembre y enero, anticipando que no habría nuevos aumentos en ese período. Sin embargo, esa posibilidad no se concretó. El año terminó con el incremento del 2,5% correspondiente a noviembre y el otorgamiento de un bono de 300.000 pesos para los trabajadores estatales, una medida que no logró descomprimir el descontento generalizado.
El malestar sindical se mantiene y, de cara a 2026, los gremios advierten que seguirán reclamando paritarias reales, con instancias de negociación genuina y aumentos que tengan un impacto concreto en los haberes. El desafío, señalan, será revertir la pérdida salarial acumulada y acercar los sueldos estatales a un nivel que permita cubrir las necesidades básicas de las familias jujeñas.
