Bolivia tuvo un año político de los más intensos en las últimas décadas, ya que por primera vez en veinte años el MAS abandonó el poder tras caer derrotado abultadamente contra el derechista Rodrigo Paz Pereira. Las elecciones contaron con la ausencia de Evo Morales, quien llamó a votar en blanco. El brusco giro político sumó en diciembre otro capítulo de envergadura, cuando el expresidente Luis Arce fue detenido por supuestas causas de corrupción. Curiosamente, días antes había sido liberada la exmandataria interina Jeanine Áñez, quien estaba acusada de participa en un golpe de Estado.
Las primeras semanas de Paz Pereira han estado definidas por un giro radical en la política exterior, una sensación de estabilidad económica, algunas contradicciones con sus propuestas electorales que no han generado mayor controversia y un distanciamiento explícito con el vicepresidente que ha ocupado el centro del debate.
En sus primeras horas como presidente, Paz levantó las banderas de lo que sería la posición de su gobierno en política exterior: recibió a una delegación de Estados Unidos, país con el que no tiene relaciones desde 2008 tras la expulsión del embajador norteamericano en medio de acusaciones de conspiración; y de Israel, país al que Bolivia había confrontado en las grandes tribunas internacionales condenando los ataques en Gaza que calificó como un "genocidio".
A pesar de ese viraje, el gobierno no ha roto relaciones con países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, que eran aliados de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Bajo la consigna "Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia", el nuevo gobierno ha señalado que centrará las relaciones internacionales con países con los que comparte principios pero que no dejará de "dialogar" con otras naciones.
En lo económico, la confluencia de dos factores clave -la normalización del suministro de combustible y la caída en la cotización del dólar paralelo- ha provocado una sensación de estabilidad económica que algunos analistas califican como frágil y engañosa, porque no responde a reformas estructurales.
Sin asumir medidas de fondo, el Gobierno logró regularizar el suministro de diésel y gasolina que habían sido escasos en los últimos dos años.
