Corría principios de junio y hacían pocos días que Cristina Kirchner había confirmado que sería candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral de Buenos Aires en las elecciones en las que meses después se impuso el peronismo con contundencia. Cristina no suele adelantar sus planes electorales con tanto tiempo de anticipación, por eso su anuncio fue leído como un último intento para impedir que la Corte Suprema confirme su condena a seis años por la causa Vialidad. Ese fallo llegó el 10 de junio, y una semana después el Tribunal Oral Federal N° 2 decidió otorgarle la prisión domiciliaria. La decisión del tribunal presidido por el juez Jorge Gorini impuso el uso de la tobillera electrónica a la expresidenta y habilitó la presentación de un listado de personas que podrían visitarla sin autorización en el departamento que eligió para cumplir la pena, en el barrio porteño de Constitución.
Así, la Justicia dispuso formalmente la detención de la expresidenta, que comenzó así a cumplir la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua, por defraudar al Estado al direccionar las obras viales de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez, dictada en la causa Vialidad. Cristina atraviesa por estas horas un nuevo juicio por la causa de los Cuadernos de las Coimas, que podría durar dos años, mientras la Justicia avanza con el decomiso millonario de sus bienes por la causa Vialidad.
La detención de Cristina desató inicialmente una ola de manifestaciones de apoyo en la puerta de su departamento, bajo la consigna de "Cristina libre". Había cientos de militantes, vendedores ambulantes y personas curiosas que pasaban por el lugar y le sacaban fotos a la exmandataria cuando salía a saludar desde su balcón. La situación, que causó molestias entre los vecinos, se terminó poco tiempo después luego de que Cristina limite sus salidas al balcón por pedido judicial.
La expresidenta afirmó desde el primer momento que era inocente de los cargos que le imputaban y que su condena era lisa y llanamente una "proscripción del partido judicial" a su candidatura. Desde su detención Cristina realizó múltiples reuniones sociales y políticas.
Sin embargo, todo cambió luego de haber recibido la visita de nueve economistas en su domicilio. Tras subir la foto a las redes sociales, se multiplicaron las críticas por la cantidad de personas juntas que había en el lugar y la diferencia con el régimen de visitas de otros presos. Por eso, la Justicia le ordenó limitar las visitas a dos veces por semana -dos horas como máximo por encuentro- y a solo tres personas a la vez. El argumento de los jueces para justificar la reunión con los economistas fue que habían pedido permiso para ir a la vivienda, pero que nunca dijeron que lo harían en conjunto.
El poder de la expresidenta se vio debilitado aún más luego de las elecciones legislativas de octubre pasado, en los que el peronismo perdió en la mayoría de los distritos con los candidatos puestos a dedo por ella desde su casa.
