El Gobierno enviará un proyecto al Congreso para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, ¿qué opina al respecto?
inicia sesión o regístrate.
El Gobierno enviará un proyecto al Congreso para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, ¿qué opina al respecto?
-Esta es una cuestión de una larguísima discusión. Argentina es uno de los pocos países de la región que no tiene una Ley Penal Juvenil. Hace décadas que se han presentado decenas de proyectos y han fracasado porque generalmente se parte de una confusión. La Ley Penal Juvenil apunta a tratar de dar algún tipo de contención a los menores por debajo de una determinada edad pero no pueden castigarse como adultos, precisamente porque la falta un requisito indispensable que es la madurez. Por lo tanto, tienen que tener una pena limitada. Yo creo que no importa la edad a la que se baja la imputabilidad, lo importante es tratar que los menores no vuelvan a caer en el delito, no para castigarlos. Hay incluso en el mundo modelos diferentes de Justicias restaurativas tendientes a tener una medida alternativa para los menores.
Hay proyectos para bajar la edad de imputabilidad a 14, 15 o 16 años, ¿no le parece mucho a los 13?
-Sí, parece mucho. Lo normal es bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Pero es un proyecto, todavía no ha visto la luz y seguramente esto va a ser objeto de discusión.
El Presidente dijo varias veces que "delito de adulto merece pena de adulto"...
-No puede tener pena de adulto porque no es un adulto, porque le falta la madurez. No ha llegado a la mayoría de edad, por eso no puede tener pena de adulto. En los delitos muy graves por supuesto que puede pensarse una pena de prisión, pero con penas considerablemente más leves que para los adultos.
¿Cuáles son los cambios más urgentes que necesita la Justicia argentina?
-En la Justicia nacional llevar adelante el proceso acusatorio, que es lo que está haciendo ahora el Ministerio de Justicia. El sistema acusatorio debe llevarse a todo el país en su aplicación, ya que es un proceso que cambia la cultura de la Justicia penal, donde los procedimientos serán más rápidos, más transparentes y coloca el juez en un lugar imparcial. En el caso de los procesos no penales. También hay que buscar las medidas que aseguren el acceso a la Justicia. Tenemos una ley de amparo de la época de Onganía, tenemos que hacer una Justicia más rápida. Esos son los cambios centrales, aunque hay muchísimos otros, como la necesidad de tener estadísticas serias para medir el trabajo judicial y establecer políticas en materia judicial con más claridad.
El Gobierno habla de la independencia judicial pero una funcionaria de Capital Humano dijo que la Justicia "no les va a decir qué políticas sociales tomar" en relación a cómo repartir los alimentos, ¿cómo interpreta eso?
-Mal, mal. Los fallos judiciales siempre tienen que ser respetados, existe en la Justicia la forma en la que sean revisados. La forma es apelar un fallo que uno considera que es injusto para que otro tribunal lo revoque, lo que no se puede es descalificar la acción de los jueces.
¿Coincide con el Gobierno en que hay "jueces militantes"?
-No. Por supuesto que dentro de la Justicia puede haber jueces que procedan mal y los jueces que proceden mal están sujetos a sanciones disciplinarias y también está la posibilidad de expulsarlos. Eso está regulado. Las decisiones de los jueces que sean injustas o arbitrarias hay que corregirlas en el propio sistema. Si el juez cometió una falta, hay muchos mecanismos para remediarla.
¿No cree que la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema es tan polémica que mancha al Poder Judicial?
-Lo que yo veo es que el proceder del Presidente es muy equivocado. En primer lugar porque no puede tener una Corte integrada solo por varones, ya que la propia Constitución lo establece. El decreto reglamentario a la facultad presidencial de nombrar, que es el 222, habla de que se tiene que tener en cuenta en la composición la diversidad de género. Las normas de igual jerarquía constitucional como los tratados dicen que las mujeres deben tener igualdad en el acceso a los cargos importantes. Hay una regresión, porque no hay ningún país del mundo occidental que no tenga ninguna mujer en la Corte. En relación a la postulación de Ariel Lijo, por supuesto que los jueces tiene que ser intachables y no tener cuestionamientos. Esto es algo importante porque para restablecer la confianza en la Justicia los jueces deben ser intachables.
El Poder Judicial es una de las instituciones más desprestigiadas del país, ¿a qué se lo atribuye?
-Hay muchas razones. En primer lugar por cuestiones de funcionamiento interno, ya que la gente ve que los procesos demoran mucho, que la Justicia es inaccesible, etc. Y por otro lado creo que las autoridades políticas cuestionan a la justicia permanentemente cuando los fallos no les convienen y lo atribuyen a una razón oculta o política. Ese tipo de comentarios van degradando a la Justicia. Y todo este debate en relación a la Corte tampoco ayuda.