Más de veinte personas están a punto de perderlo todo, luego de ser estafadas por sumas millonarias por una banda que opera desde octubre del año pasado con total impunidad y pese a las denuncias en su contra, siguen libres y resultan un riesgo para la sociedad.
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Más de veinte personas están a punto de perderlo todo, luego de ser estafadas por sumas millonarias por una banda que opera desde octubre del año pasado con total impunidad y pese a las denuncias en su contra, siguen libres y resultan un riesgo para la sociedad.
Al menos dos hombres, quienes ya están identificados con nombre, apellido y dirección, son las caras visibles de esta estructura fraudulenta, quienes se encargan de captar a personas con necesidades económicas, a quienes ofrecen 200 mil pesos para realizar supuestas afiliaciones a un partido político.
Los delitos incurren entre asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa y a medida que se inicie la investigación penal preparatoria, de seguro los acusados seguirán sumando calificaciones legales.
Los abogados Fernando Luis Bóveda, Patricia Puita y Franco Vera son representantes legales de varias personas que están a punto de perder sus bienes y sufren embargos judiciales por deudas millonarias que salieron a su nombre, por el pedido de un crédito prendario (compra exclusiva de vehículos), que los denunciados se encargaron de estructurar el modo para que firmaran y recaigan las medidas bancarias sobre ellos.
"Hemos tomado conocimiento muy sorprendidos que las firmas se dan en una escribanía en particular, estas personas fueron captadas con la promesa de darles 200 mil pesos, a cambio de la firma de varios documentos, que según los estafadores, 'no era nada importante'. Ante la necesidad de los damnificados, ellos firmaron y quedaron involucrados en un serio problema económico. Ahora la entidad bancaria prestataria persigue a estas personas y en algunos casos ya iniciaron embargos judiciales", dijo Fernando Bóveda.
Para que se entienda, el préstamo que involucra a los damnificados se da por medio de un contrato de mutuo con garantía. Estos están destinados exclusivamente a la compra de vehículos automotores, para uso particular por medio de una financiación con garantía. Ahora bien, para la adquisición de un vehículo valuado entre 30 y 60 millones de pesos y la aprobación del crédito, la firma tuvo que pasar por la misma entidad financiera, el Registro Automotor y la firma de la documentación del auto en una escribanía. "Realmente me resulta extraña toda esta metodología, todas las medidas de seguridad de identificación de personas evidentemente fueron vulneradas en todas las entidades involucradas, entonces me preocupa que la sociedad esté en riesgo, mientras estos delincuentes sigan libres y sigan operando con total impunidad", dijo Bóveda.
Los estafadores, una vez que captaron a los firmantes, adquieren el vehículo, que lleva una firma de una concesionaria a determinar, luego venden el vehículo a otra persona que la adquirió de buena fe y este comprador tiene que saber que tiene documento apócrifo.
Las más de veinte denuncias que ingresaron a la Mesa Única del Ministerio Público de la Acusación tienen mucho en común, un mecanismo siniestro y complejo a la vez, que solo está en el vocabulario de letrados, martilleros y escribanos; de ahí la poca información de los que firmaron a cambio de una suma determinada de dinero.
Es por eso que hay varias personas quedaron endeudadas por sumas millonarias y los abogados denunciantes no descartan que haya más personas que cayeron en esta maniobra fraudulenta.
El letrado Bóveda le dijo a nuestro diario que en la jornada de ayer ingresó otra denuncia a la Unidad Fiscal especializada en estos tipos de delitos y espera que se inicien las actuaciones complementarias correspondientes para dar con la banda de estafadores.