La Cámara Civil y Comercial determinó que el Estado provincial es responsable de daños y perjuicios, hacía una mujer policía que en 2020 fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero en una dependencia donde cumplía servicio. El representante legal de la víctima ponderó el fallo al considerarlo como una reparación integral.
Cabe recordar que el hecho ocurrió en abril de 2020 en un destacamento policial cercano a la ciudad de Fraile Pintado, donde una mujer policía fue víctima de abuso sexual perpetrado por un compañero con un grado superior jerárquico, en ese entonces sargento.
Mientras que, en 2022 el Tribunal Criminal condenó al inculpado acusado a 10 años de prisión efectiva más inhabilitación especial perpetua, al ser hallado culpable del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un miembro de las fuerzas policiales".
En tal sentido, Carlos Sebastián Espada, representante legal de la víctima, mencionó a El Tribuno de Jujuy que "en el mismo año (2022) la Sala Segunda del Tribunal del Trabajo consideró que este hecho, como fue en el marco del ejercicio de funciones, constituía un supuesto previsto en la ley de riesgo de trabajo.
"O sea, consideró esto como un accidente de trabajo y condenó al Estado provincial a la reparación de la víctima en los términos de la ley de riesgo de trabajo. Esta reparación se centró en la incapacidad laboral y el daño psicológico", expresó.
El letrado explicó que: "Paralelamente nosotros promovimos una demanda civil en donde consideramos que había algunos rubros que no habían sido resarcidos y reclamamos al Estado provincial, también en su calidad de garante, de empleador y en cumplimiento del deber de seguridad que le corresponde a todo empleador, respecto de la seguridad e integridad de sus trabajadores".
En tal sentido, Espada agregó que "la Cámara Civil y Comercial, particularmente la vocalía tres, determina al Estado provincial como responsable de daños y perjuicios, sobre todo de daño moral, respecto de esta mujer policía que había sido víctima de un supuesto de abuso sexual en el ejercicio de su función".
En consecuencia, esta semana se conoció que el vocal unipersonal estableció que el Estado provincial deberá abonar en concepto de indemnización por daños y perjuicios la suma de 50 millones de pesos a la víctima.
"Para nosotros es muy importante estas dos últimas sentencias, sobre todo esta última, porque tiene una clara perspectiva de género y apuntan a que es una reparación integral de esta mujer policía que en el ejercicio de sus funciones terminó siendo víctima", acotó al respecto Espada.
