POR FAVIO CASARIN Geólogo y abogado (*)
Históricamente, Venezuela ha sido sinónimo de petróleo. Sin embargo, al adentrarnos en 2026, el tablero geopolítico y energético global ha girado la mirada hacia el sur del Orinoco por su potencial minero. El país no solo posee recursos; posee una de las provincias metalogénicas más subexploradas y prometedoras del planeta: el Escudo de Guayana.
A continuación, analizaremos la radiografía de este potencial, los recursos clave y el complejo entramado jurídico que rige la actividad.
Recursos y potencial
El potencial de Venezuela reside en su diversidad. El país alberga desde metales básicos esenciales para la industria pesada hasta minerales críticos para la transición energética y la alta tecnología.
A continuación, se sintetiza el potencial estimado para 2026 de cada uno de los minerales principales, y la ubicación geográfica del recurso: Oro, en El Callao (Tumeremo, El Dorado) con más de 8.000 toneladas (Potencial Top 3 mundial); Hierro, en Cuadrilátero (Ferrífero de Guayana) con potencial más de 14.000 millones de toneladas (Alta ley: 60% de Fe); Bauxita en Los Pijiguaos (Estado Bolívar), es reserva base para la industria del aluminio regional; Coltán, en Parguaza (Estado Bolívar), es mineral estratégico ("Oro Azul") para microelectrónica; Diamantes en la Cuenca del Río Caroní, con calidad gema e industrial; Tierras Raras es Escudo de Guayana, Neodimio y Lantano para imanes y tecnología verde.
El "Plan Oro 2026" es actualmente el motor de la política extractiva, con proyecciones de crecimiento del 30% en la producción oficial, buscando formalizar la pequeña minería y atraer alianzas internacionales que aporten tecnología de punta.
El marco jurídico
El régimen legal minero en Venezuela es un sistema de reserva estatal con flexibilidad para la participación privada bajo figuras específicas. Se fundamenta en una jerarquía que ha evolucionado hacia la centralización estratégica.
En la cumbre de la pirámide legal, se encuentra la Constitución de 1999, que establece que los yacimientos mineros pertenecen a la República, siendo de carácter inalienable e imprescriptible.
Luego se encadena el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Minas (1999): Regula las concesiones y autorizaciones. Las concesiones se otorgan generalmente por un período de 20 años, prorrogables por períodos sucesivos no mayores a 20 años. Aunque sigue vigente, ha sido complementado por decretos de emergencia y desarrollo.
Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de Exploración y Explotación del Oro y Minerales Estratégicos (2015): Establece que el Estado ejercerá la actividad directamente o a través de Empresas Mixtas, donde la República mantenga el control (mínimo 55% de participación), con un 45% capital privado. Los dividendos se distribuyen de forma proporcional a la participación accionaria, una vez satisfechas las reservas legales y los impuestos. Sin embargo, los convenios de asociación permiten pactar "preferencias" en la recuperación de la inversión inicial para el socio privado.
El Decreto N° 2.248 (2016), creó una "Zona Económica Especial" de 111.843 km2, un área mayor que países como Cuba o Corea del Sur, diseñada para operar bajo reglas distintas al resto del territorio nacional. Se denomina "Arco Minero del Orinoco", y está sujeta a un régimen especial para agilizar la exploración y explotación.
Para este 2026, se discute en la Asamblea Nacional una Nueva Ley de Minas. El objetivo es simplificar la permisología técnica-ambiental y ofrecer mayores garantías de repatriación de capitales para inversores del bloque euroasiático y economías emergentes, buscando reducir la dependencia de la comercialización informal.
Régimen fiscal y regalías
El modelo fiscal venezolano es de "Regalía + Impuesto", diseñado para capturar la renta en ciclos de precios altos (como el actual precio del oro en 2026).
(i) Regalías (Royalties). A diferencia de otros países de la región con tasas del 3% al 5%, Venezuela aplica tasas más elevadas para minerales estratégicos.
Para el Oro, la ley establece una regalía que puede oscilar, pero suele fijarse en el 13% del valor del mineral extraído.Otros minerales (Hierro, Bauxita, Coltán), se negocian según el proyecto, generalmente entre el 3% y el 10%.
(ii)Impuesto sobre la Renta (Islr). Las empresas mixtas mineras tributan bajo la Tarifa 2 de la Ley de Islr, con una tasa corporativa máxima del 34%. Es importante destacar que, a diferencia del sector petrolero (donde la tasa puede llegar al 50%), la minería mantiene este incentivo para atraer tecnología.
(iii) Ventajas Especiales (Shadow Royalty). El Estado suele exigir en los contratos una "Ventaja Especial", que es un pago adicional (generalmente del 1% al 3% sobre las ventas brutas) destinado a proyectos sociales o fondos de desarrollo regional en el Arco Minero.
(iv)Repatriación de Capitales y Régimen Cambiario. Este es el punto de mayor interés para el inversor extranjero en el contexto actual:
Cuentas Escrow (Fideicomisos): Para proyectos de gran envergadura, el Banco Central de Venezuela (BCV) permite la constitución de cuentas en el exterior. Esto garantiza que el socio privado pueda retener una porción de las ventas en divisas para pago de deuda externa del proyecto, adquisición de insumos y maquinaria, y Repatriación de utilidades (dividendos).
Ley de Inversiones Extranjeras: Protege la remisión de hasta el 100% de las utilidades netas, siempre que se cumplan los registros ante el Ciip (Centro Internacional de Inversión Productiva).
Desafíos y futuro
A pesar de la riqueza, el camino no está exento de obstáculos. La industria enfrenta tres retos críticos:
(i)Sustentabilidad Ambiental: La erradicación del uso de mercurio en la minería aluvial es una prioridad para cumplir con estándares internacionales.
(ii)Infraestructura: La recuperación de la capacidad hidroeléctrica y vial en el sur es vital para procesar el mineral in situ y añadir valor agregado (hierro a acero, bauxita a aluminio).
(iii)Seguridad Jurídica: La consolidación de un registro minero transparente y digitalizado es la clave para que las grandes transnacionales consideren a Venezuela un destino de inversión de bajo riesgo.
Venezuela se encuentra en un punto de inflexión. Si logra armonizar su robusto marco legal con prácticas de Minería Responsable, el sector minero podría rivalizar con el hidrocarburífero como principal fuente de divisas para el país antes del cierre de esta década.
(*) Profesor de Derecho de los Recursos Naturales.
