El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que promete convertirse en la mayor zona de libre comercio del planeta, atraviesa días decisivos y tensos, tanto en Bruselas como dentro del propio bloque sudamericano. Tras casi 25 años de negociaciones intermitentes, ambas regiones alcanzaron un entendimiento técnico que permitiría integrar a casi 750 millones de personas y abrir uno de los mercados más grandes y sofisticados del mundo. Sin embargo, su concreción está lejos de ser automática.
No es casualidad -ni un gesto comercial espontáneo- que la Unión Europea haya acelerado en los últimos meses el proceso de acuerdo con el Mercosur. La explicación no está en las grandes capitales del viejo continente, ni en el agro europeo, ni en el comercio. La explicación está en Washington, Moscú y Pekín. Desde 2020, la política exterior de Estados Unidos se volvió errática: menos presencia militar global, más repliegue estratégico, más política interna, menos compromiso con aliados tradicionales. Esto dejó a Europa expuesta en un escenario que ya es multipolar, donde los riesgos crecieron más rápido que su capacidad de respuesta. La guerra en Ucrania demostró que Europa no puede defenderse sola. Estados Unidos sigue siendo el sostén militar de la Otan... pero cada vez con menos entusiasmo.
El pacto establece que la Unión Europea eliminará aranceles para la mayoría de las exportaciones del Mercosur, mientras que los países sudamericanos deberán abrir más su mercado a manufacturas, maquinaria, bienes industriales y autos europeos. Para Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia esto implicaría un acceso privilegiado al mercado europeo; por ejemplo 99.000 toneladas de carne vacuna accederían al mercado europeo con un arancel reducido del 7,5%, mientras que 180.000 toneladas de carne aviar ingresarían libres de arancel. La Comisión Europea estima que estos volúmenes equivalen a menos del 2% del consumo anual de carne vacuna en la región, y un potencial aumento de inversiones, modernización tecnológica y reducción de barreras burocráticas. Pero lo que parecía encaminado a firmarse antes de fin de año se encuentra ahora bajo fuerte presión política.
En Europa, el acuerdo enfrenta una resistencia creciente de los agricultores de países como Francia, Irlanda, Países Bajos, Polonia y Bélgica, que presionan a sus gobiernos para bloquear la aprobación durante la próxima reunión del Consejo Europeo. Alegan que la entrada de productos sudamericanos -carne, granos, azúcar, cítricos y proteína animal- provocaría una competencia desleal frente a costos más bajos y estándares ambientales distintos. Particularmente en Francia, donde el campo tiene un peso político determinante, este reclamo se volvió un factor de presión directa sobre el presidente y los ministros que deberán votar en el Consejo. Si esta presión surte efecto, el acuerdo podría ser frenado antes incluso de llegar al Parlamento Europeo.
La mayoría de las explotaciones agrícolas de la unión son pequeñas, ya que casi dos tercios (63,8%) tenían menos de 5 hectáreas en 2020. Casi un tercio (31,8%) de éstas se encontraban en Rumania, seguidas de Polonia (14,4%), Italia (12,5%) y España (10,1%). En 2023, el sector agrícola (incluida la silvicultura y la pesca), empleaba a cerca de 8,98 millones de personas en las zonas rurales. Para sectores como el vacuno, las aves, el azúcar y los granos, la apertura prevista implicaría una suba de importaciones desde países del Mercosur con costos más bajos. Eso pone en desventaja a productores europeos por lo arriba mencionado.
Para avanzar, el tratado necesita superar dos pasos críticos: primero, la aprobación política del Consejo de la Unión Europea, donde hoy se concentra la mayor incertidumbre; luego, la ratificación del Parlamento Europeo, que ya manifestó en el pasado, objeciones ambientales y de sostenibilidad. La ruta es larga y está cargada de posibles bloqueos.
Por el lado del Mercosur una de las principales preocupaciones es que la liberalización comercial puede exponer a las industrias a la competencia de productos manufacturados europeos más sofisticados y eficientes. Esto podría resultar en la desaparición o severa afectación de sectores industriales completos en los países sudamericanos.
Expertos advierten que el acuerdo podría reforzar una "especialización regresiva" de la región, limitando el margen de maniobra de los países para desarrollar sectores industriales y de servicios más sofisticados y fomentando la dependencia de productos primarios.
El presidente brasileño Lula da Silva busca fijar la firma antes de que Brasil entregue la presidencia pro tempore del bloque, con el objetivo de consolidar un logro geopolítico de alto impacto. Sin embargo, el Mercosur está lejos de presentar una posición unificada. Uruguay insiste en flexibilizar las reglas para permitir acuerdos bilaterales paralelos y ve en la Unión Europea una oportunidad para romper las rigideces del bloque. Paraguay apoya la firma, pero exige garantías concretas de acceso real para su agro.
Argentina, atravesada por tensiones internas y prioridades económicas urgentes, mantiene una postura mucho más cauta, temiendo tanto el impacto sobre la industria nacional como una profundización del modelo primario-exportador. Incluso en Brasil existen resistencias del propio agro, atento a la reacción europea y a la posibilidad de barreras ambientales futuras. Esta falta de consenso interno genera incertidumbre adicional: incluso si Europa avanzara, el Mercosur no tiene asegurada la cohesión necesaria para rubricar el pacto.
A pesar de los obstáculos, el acuerdo ofrece ventajas concretas. Podría atraer inversiones europeas, modernizar marcos regulatorios, mejorar procesos aduaneros e incorporar a la región a cadenas globales de valor. Para provincias periféricas como las del Norte Grande argentino representa una oportunidad para posicionarse en relación a energías verdes, agroindustria diversificada y minería responsable. Pero estas oportunidades no se materializarán sin un proyecto territorial sólido.
Sin rutas estratégicas, ferrocarriles eficientes, parques industriales dinámicos ni financiamiento productivo, la apertura podría profundizar desigualdades entre regiones ricas y regiones históricamente postergadas. Para el Norte argentino, la pregunta es directa: ¿seremos solo proveedores de litio, azúcar, cítricos, harinas y minerales o aprovecharemos este acuerdo para generar empleo calificado, ciencia aplicada y desarrollo industrial propio?
La UE no acelera el acuerdo porque lo necesite económicamente, lo acelera porque Estados Unidos ya no es un garante confiable, porque Rusia avanza militarmente y porque China avanza geo económicamente. El Mercosur se volvió un socio estratégico no para el comercio, sino para la supervivencia geopolítica europea. El desafío no es solo firmar o no firmar el acuerdo: es definir si el Mercosur quiere ser una economía industrial integrada o una mera proveedora de materias primas para Europa.
(*) El licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro G Safarov es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Ucse Jujuy, miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI- Universidad Nacional de La Plata e integrante del Consejo Federal de Estudios Internacionales (Cofei).