Desde hace muchos años las comunidades aborígenes reclaman reiteradamente, en diferentes ámbitos y con diferentes modalidades, situaciones que los perjudican como consecuencia de la actividad minera, por ejemplo argumentan la utilización en minería de grandes cantidades de agua, generando inconvenientes en perjuicio de los animales y la población.
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Desde hace muchos años las comunidades aborígenes reclaman reiteradamente, en diferentes ámbitos y con diferentes modalidades, situaciones que los perjudican como consecuencia de la actividad minera, por ejemplo argumentan la utilización en minería de grandes cantidades de agua, generando inconvenientes en perjuicio de los animales y la población.
El otro reclamo es la utilización de tierras de las comunidades sin el permiso correspondiente.
El tercer tema que plantean, es la cuestión de problemas ambientales debido a la actividad minera.
Y el cuarto problema, manifiestan la falta de la consulta previa libre e informada según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los reclamos de las comunidades tienen el apoyo de organizaciones ambientales, sociales, sin embargo, hasta el día de hoy no existen respuestas que conformen a sus reclamos.
En toda esta situación, entre las comunidades podemos percibir incongruencias, porque aproximadamente 30 comunidades aborígenes están vinculadas a la minería, como en el caso de Mina Aguilar, Pirquitas, las mineras de litio, las de oro sobre el río Orosmayo y mina Providencia, todas trabajando sobre tierras de comunidades que dieron el consentimiento para que las mineras se instalen. En los últimos tiempos, las mineras están ingresando para realizar trabajos de exploración por litio, en regiones muy resistidas por las comunidades, las Lagunas Salinas Grandes y Guayatayoc.
Se presentan dos grupos de comunidades totalmente opuestos, las comunidades que están totalmente de acuerdo con la actividad minera y el otro grupo que está totalmente en desacuerdo. Las comunidades que otorgan el consentimiento participan en el proceso de evaluación de los informes de impacto ambiental y al final si están de acuerdo firman el proyecto.
Cuando se inician los trabajos mineros, periódicamente deben realizar monitoreos ambientales con la participación de las comunidades.
Hasta aquí, podemos decir que se realiza la consulta previa, libre e informada, se analiza el tema del agua, ambiente y utilización de tierras. Es decir las empresas mineras y el Estado cumplen con la legislación existente. Ninguna persona o empresa puede ingresar a tierras de las comunidades sin autorización.
Las empresas desde el inicio de trabajos mineros deben tener consentimiento de la comunidad, en caso de no ocurrir, tienen todo el derecho de proceder a la denuncia policial.
Las comunidades que no están de acuerdo con la actividad minera realizan reclamos y presiones en donde otras comunidades permiten la minería.
Finalmente los dos grupos de comunidades se desacreditan y tal vez solo uno tenga razón. Esta situación permite reconocer que el problema de las comunidades y la minería no son contra el gobierno, tampoco contra las empresas. El problema es entre las comunidades que tienen diferentes perspectivas de la actividad minera.
En un análisis tal vez muy apretado podemos decir que cada comunidad es autónoma y con gobierno propio, por lo tanto tienen libertad de actuar cada una de ellas de modo independiente, en casos excepcionales algunas comunidades se unen para realizar reclamos. El Kachi Yupi de Salinas Grande-Guayatayoc era un documento que le permitía actuar en unidad a las 33 comunidades que se encuentran alrededor de las cuencas mencionadas, y podría haber sido un ejemplo para todas las comunidades de la Puna. Lamentablemente terminó fragmentada justamente por la autonomía y gobierno propio en cada comunidad. Tal vez el problema radica en la falta de un gobierno aborigen que involucre a todas las comunidades de la Puna. Si existiera, posiblemente las estrategias serían diferentes y en beneficio de todas las comunidades.