El Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública de Jujuy dictó el sobreseimiento del exgobernador Eduardo Alfredo Fellner y de otros doce acusados. La resolución, firmada por el magistrado Rodolfo Fernández, aceptó los planteos de las defensas y desvinculó de manera total y definitiva a los imputados, aunque el expediente mantiene su curso para un grupo de procesados entre los que se destaca la dirigente social Milagro Sala.
La decisión judicial alcanza a figuras políticas de primer nivel. Además de Fellner, quedaron fuera del proceso el actual intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Eduardo Jorge, y el jefe comunal Julio Carlos Moisés. La nómina de sobreseídos incluye también a José Luis Mercado, Ramón Jorge Ale, Elsa Faustina Flores, Alberto Faustino Ortiz, Sergio Gustavo Bautista, Adrián Rubén Mendieta, Nilson Gabriel Ortega, Rolando Pascual Ficoseco, Leonel Aldo Herrera y Elina Elizabeth Liquin.
En un escalón distinto se ubica el exfuncionario Luis Horacio Cosentini, quien obtuvo un sobreseimiento parcial que lo desliga de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica de instrumento público y asociación ilícita en carácter de organizador. Sin embargo, Cosentini continuará imputado por el cargo de frade a la administración pública.
La causa sigue abierta para Sala y otros acusados
Lejos de representar un cierre total del expediente, la resolución judicial rechazó la mayoría de los planteos defensistas y confirmó la continuidad del proceso para un grupo de acusados. La dirigente social Milagro Amalia Ángela Sala permanece imputada, junto a José Francisco López, Germán Ariel Nivello, Héctor Gustavo Carrizo, José Lucio Abregú, Gladys Noemí Díaz, Liliana Mirta Aizama y Claudia Alicia Trenque.
El juez también desestimó distintos planteos de nulidad, objeciones a la acusación y pedidos vinculados al plazo razonable del proceso, por lo que la instrucción continuará su curso respecto de quienes aún no lograron desvincularse.
La megacausa investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial, vinculadas al manejo de fondos públicos y encuadradas en la figura de fraude por administración infiel. El expediente, que involucra a dirigentes sociales, ex funcionarios provinciales y municipales, seguirá ahora su curso judicial con un panorama procesal sensiblemente modificado tras esta resolución.
