El pasado 22 de abril, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 7, a cargo de Liz Bernal Valdecantos, dio lugar a una orden desalojo para un grupo de personas que desde el 2016, ocupa un lugar manifestando pertenecer a una comunidad aborigen.
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El pasado 22 de abril, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 7, a cargo de Liz Bernal Valdecantos, dio lugar a una orden desalojo para un grupo de personas que desde el 2016, ocupa un lugar manifestando pertenecer a una comunidad aborigen.
El sector en conflicto es la Quebrada de Sarahuaico de la localidad de Tilcara, de propiedad de la familia Mendoza desde 1917, quienes en el año 2003 vendieron una hectárea a Carlos Vásquez y en 2016 sufrió la violenta usurpación por parte de un grupo de personas que reside en Humahuaca, se nombraron comuneros y desde entonces se niegan a desalojar el lugar.
Nuestro diario dialogó con Claudia Citro, representante legal del demandante quien manifestó que "desde el momento de la usurpación, iniciamos el trámite legal correspondiente, donde no solo el Tribunal en primera instancia, sino Casación y la Suprema Corte de Justicia comprobaron que estas personas no son originarias de ese lugar, quedó debidamente acreditada la usurpación desde el 2016 y se ordenó el inmediato desalojo, para que las tierras sean restituidas a su propietario", dijo Citro.
"Entonces, lo que pasó el 22 de abril pasado fue el cumplimiento a una orden que tiene agotadas todas las instancias judiciales, donde la Justicia se ha expedido y mi defendido quiere hacer uso del lugar que le pertenece", continuó.
Por otra parte, los demandantes manifestaron que estas personas encontraron un negocio turístico, haciendo uso de una propiedad privada y es por eso que desde 2016 argumentaron pertenecer a una comunidad aborigen, que la Justicia jujeña acaba de echar por tierra, por la falta de documentación que manifestaban contar.
De allí se pudo establecer que un grupo de personas que están procesadas, liderado por un hombre identificado como Javier Mamaní, encontró un negocio en un lugar privado, que consiste en realizar un circuito turístico a "las Cuevas de Huaira", lugar que está dentro de la finca Cortadera, propiedad de los Mendoza, desde 1917.
La Justicia ha constatado que durante el 1917 y 2016 no había ninguna comunidad aborigen, las únicas personas que mantienen su cultura, tradición de tiempo ancestral, justamente son sus propietarios, la familia Mendoza.
"Quiero dejar en claro que este conflicto no tiene nada que ver avasallar los derechos de los comuneros, que tanto respeto les tengo. Este conflicto es en contra de los oportunistas que se hacen llamar comunero, llegaron a Tilcara, usurparon el predio que es de mi propiedad y cobran entre 30 mil y 40 mil pesos por persona para llevarlos de paseo a una finca que tiene dueño", dijo Carlos Vásquez, actual dueño del lugar en conflicto.
Vásquez posee un pequeño hostal, que lo trabaja junto a su familia y además del reciente juicio que demandó y ganó, mantiene varios conflictos judiciales con Mamani y su grupo, porque además de amenazarlo de muerte, arrojarles piedras a los turistas que los visitan, los que se manifestaron comuneros prenden fuego el lugar, con la intención de generar daño a la propiedad.
Permisos y convenios que desaparecieron
Para entender el conflicto, y lograr entender bajo en qué circunstancias estas personas operaron durante más de ocho años, hay que saber que bajo el nombre de la supuesta comunidad aborigen, este grupo factura alrededor de 400 mil pesos diarios en temporada baja y esta suma hasta se cuatriplica durante las vacaciones de invierno y verano, haciendo de guías de turismo, ofreciendo re corridos en los lugares usurpados. Pero además, para que todo esto ocurriera y el municipio tilcareño no haya intervenido en los controles o permisos correspondientes, no cabe otra sospecha, más que una presunta connivencia ante tamaña cantidad de dinero que se maneja, que por cierto, no está declarada.
“No solo he sufrido la usurpación, sino que además soy constantemente amenazado, agredido, donde además me prendieron fuego mi propiedad y en el desalojo del pasado 22 de abril, trajeron personas de Bolivia y Venezuela para evitar ser sacados, como lo establecía la orden judicial, y la jueza de Paz de Tilcara, para evitar un enfrentamiento con la Policía, decidió suspender por que las garantías no estaban da das, con el minúsculo grupo de policías que fueron citados y la mayoría de ellos terminaron agredidos a pedradas”, dijo Car los Vásquez.
Por otra parte, la representante legal de Vásquez, Claudia Citro, aclaró que al inicio del conflicto (2016), fue donde se vivió la peor situación. Se hizo una especie de autorización municipal a esta gente para lucrar con la cueva. Entonces iniciamos un juicio por daños contra la municipalidad de Tilcara, que estamos muy cerca de obtener sentencia.
Le oficiamos al intendente que nos mande el convenio de autorización para lucrar sobre una propiedad privada, las ordenanzas que se aprobaron para que los usurpadores puedan lucrar y nunca lo hicieron”, dijo la representante legal. Los damnificados se mostraron optimistas con la resolución de la Justicia y esperan que en los próximos días se de cumplimiento a la medida judicial, de un fallo que fue resuelto a favor de los demandantes en todas las instancias judiciales de la provincia.