Mientras la Cámara de Diputados de la Nación le dio buenas noticias al ámbito universitario público, el Senado le envió pésimas señales. Al tratar la Ley de Presupuesto 2026 enviada por el ministro Caputo, Diputados eliminó un capítulo que intentaba anular otras normas como las de emergencia en discapacidad y financiamiento a las casas de altos estudios.
En una maniobra fácil de detectar, se habían incorporado en un capítulo del proyecto estas derogaciones junto con recursos para la justicia y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así, se hubiera logrado que para los jueces fuera difícil declarar inconstitucional este título de la norma.
Pero la intentona fallo en Diputados y la mayoría eliminó el capítulo y así fue enviado al Senado. Aquí el Gobierno no pudo impulsar nuevamente este punto, pero para 2026 los recursos destinados a las universidades serán los mas bajos en mas de veinte años. Solo queda la posibilidad de que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, lo cual ya fue establecido por un Juez Federal.
Recordemos que esta Ley fue vetada por la Presidencia, tras lo cual dos tercios del Congreso lo rechazó. Aun así, el Gobierno la promulgó, pero se niega a cumplirla.
Por otra parte, se sigue insistiendo que una mayor inversión en educación pondría en riesgo un supuesto equilibrio fiscal. En este tema hasta ahora el único éxito radica en convencer a gran parte de la sociedad que ese equilibrio existe, porque en realidad las cuentas no lo muestran.
Para hacerlo sencillo, si un hogar no paga el alquiler, la luz, los servicios y compra alimentos a crédito posiblemente a fin de mes le sobre dinero. Pero tarde o temprano vendrá el desalojo, el corte de electricidad y los problemas bancarios o con prestamistas. Esto mismo hace el Gobierno, todos los meses posterga obligaciones, intereses, recursos para las provincias, y muestra un supuesto superávit. Ya el mismo FMI en sus informes, en letra chica, le ha señalado que esa contabilidad no es correcta.
Entonces esta claro que este argumento no es pertinente. Simplemente se prefiere privilegiar a sectores especulativos y la venta de dólares baratos, antes que invertir en educación.
Esta ley aprobada por insistencia del Congreso procura actualizar los salarios del personal universitario y los importes para funcionamiento de acuerdo a la inflación. Además, actualiza los valores de las becas estudiantiles y refuerza las carreras estratégicas para el desarrollo del país. Por otra parte, propone mecanismo de distribución de recursos teniendo en cuenta la cantidad de alumnos y las actividades de investigación científica.
Señalemos que casi el 80% de la actividad de ciencia y tecnología se realiza dentro de las universidades públicas.
La norma también fija un horizonte de inversión del 1,5% del producto bruto en estas instituciones para el año 2031.
Paradójicamente el Gobierno ha modificado su política cambiaria en los últimos días, y ahora el precio del dólar seguirá a la inflación. Pero para los salarios universitarios no sigue el mismo criterio.
