El Vaticano publicó ayer su primer informe sobre la protección de niños y adolescentes en la Iglesia, en el que pide "agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas". La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema.
inicia sesión o regístrate.
El Vaticano publicó ayer su primer informe sobre la protección de niños y adolescentes en la Iglesia, en el que pide "agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas". La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema.
Presentado como una "primera etapa", este esperado informe "documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables", indicó la Comisión.
En abril de 2022, el papa Francisco pidió un informe a esta comisión para tener información "fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar".
Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el Papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.
La instancia fue integrada en 2022 en la Curia pero ha sido objeto de duras críticas.
"Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo", indicó en el informe el presidente de la comisión, Sean O'Malley.
"Acceso a la verdad"
Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a "la verdad".
La Iglesia debe "estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información", en particular "sobre las circunstancias y responsabilidades", indicó el órgano.
"La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis", señala el texto.
Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una "definición más uniforme de la vulnerabilidad" extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.
En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que "la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión". "Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti", lamentó.
La comisión también considera necesario agilizar «los procedimientos de destitución" de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad.
El informe indica que el proceso debe realizarse "cuando esté justificado", pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.
Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación.
En África, por ejemplo, la comisión constató que "la cultura de la protección es un concepto nuevo", que requiere "sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias".
