La definición pertenece al procurador de la provincia, Sebastián Albesa, quien en declaraciones recientes afirmó que durante el proceso de reforma constitucional y posteriores a él "se cometieron y se siguen cometiendo delitos que se encuentran penados por el Código Penal", los cuales "ponen en riesgo la vida de las personas".
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La definición pertenece al procurador de la provincia, Sebastián Albesa, quien en declaraciones recientes afirmó que durante el proceso de reforma constitucional y posteriores a él "se cometieron y se siguen cometiendo delitos que se encuentran penados por el Código Penal", los cuales "ponen en riesgo la vida de las personas".
Asimismo, ratificó que el Gobierno de la provincia actúa en carácter de querellante ante los hechos de violencia acontecidos y que son de conocimiento público, los incluyen delitos de sedición, destrucción de edificios públicos y privación ilegítima de la libertad.
"Nuestro deber es proteger a los jujeños y los intereses de la provincia, velando por el orden constitucional y democrático", sostuvo y remarcó que “el Estado no tolerará la comisión de delitos contra el orden constitucional y el sistema democrático”.
Por otra parte, precisó que las denuncias apuntan a personas físicas por delitos en flagrancia, entre ellos daños a la Legislatura de la provincia, municipio de Humahuaca y espacios públicos y privados.