Tras acusaciones efectuada por una abogada por violencia de género al titular violencia laboral y de género, al titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sanchez y el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Graves contra las personas y Femicidios, Diego Cussel, fiscales se pronunciaron a través de un comunicado.
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Tras acusaciones efectuada por una abogada por violencia de género al titular violencia laboral y de género, al titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sanchez y el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Graves contra las personas y Femicidios, Diego Cussel, fiscales se pronunciaron a través de un comunicado.
En el escrito argumentaron que una funcionaria manifestó en distintos medios, haber sido víctima de violencia laboral y de género, por los cambios de lugares en los que prestaba servicios.
"Los cambios de lugares a los que alude, fueron efectuados por solicitud expresa de los titulares de las fiscalías correspondientes, por los motivos que obran en el Legajo de la funcionaria y respondieron a razones de servicio y preservación de la salud de la funcionaria. Estos cambios fueron consentidos por la misma, pues no han sido cuestionados por las vías legales correspondientes en tiempo y forma", expresaron
La funcionaria con su proceder, agregaron "ha desconocido la ley de creación del Ministerio Público de la Acusación, las normas legales dictadas en consecuencia, el sistema acusatorio vigente en el Código Procesar Penal de la provincia y los mecanismos institucionales. Afectando con su conducta a la Institución de la cual formamos parte, motivo por el cual repudiamos todas las declaraciones públicas que efectuara y manifestamos nuestra solidaridad con los magistrados atacados en forma maliciosa y falaz."
En este sentido negaron enfáticamente que en el Ministerio Público de la Acusación existan prácticas institucionales de violencia de género y en particular por parte de los magistrados referidos.
"Desde el año 2016 el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, ha producido un salto cualitativo en el rol que les cabe a los fiscales dentro de la administración de justicia. Sobre todo a lo vinculado con las permanentes capacitaciones de los operadores y especialmente en las prácticas vinculadas a cuestiones de género. Cumpliendo de esta manera con las prescripciones de la ley 27.499 denominada Ley Micaela", agregaron.
Para finalizar expresaron que no pueden dejar de mencionar y observar "con preocupación la llamativa pretensión de convertir un sumario administrativo contra una funcionaria, en un motivo de gravedad y ataque institucional"