Con un curso dictado ayer por el presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), Luis Fonderbrider, se inició en Jujuy la etapa de capacitación para la implementación del Código Procesal Penal, que se estima se pondrá en vigencia en marzo del 2019. El cambio más significativo será el uso de audiencias en lugar de expedientes, que agilizará la resolución de casos; y será el fiscal quien investigue.
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Con un curso dictado ayer por el presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), Luis Fonderbrider, se inició en Jujuy la etapa de capacitación para la implementación del Código Procesal Penal, que se estima se pondrá en vigencia en marzo del 2019. El cambio más significativo será el uso de audiencias en lugar de expedientes, que agilizará la resolución de casos; y será el fiscal quien investigue.
"Los cambios principales que se van a incluir en la Justicia Federal, porque la provincial ya tuvo sus cambios, es la desaparición del expediente. Se terminan los procedimientos escritos casi en su totalidad y pasa a resolverse todo por audiencia. Esto va a representar un desafío enorme para los operadores de la Justicia Federal, estamos hablando de los jueces, los fiscales, los defensores, también las fuerzas de seguridad federales", precisó Ariel García Bordón, coordinador de la Unidad de Reforma Procesal Penal, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Fue poco antes de la capacitación que se dictó en la víspera donde el creador del Eaaf, Luis Fonderbrider, abordó ante los operadores de la Justicia Federal de Jujuy nociones y procedimientos mínimos que tienen que manejar en los casos donde hay restos biológicos de por medio.
"Hoy los principales delitos que juzga la Justicia Federal son más bien el narcotráfico y el contrabando. Cerca del 80 % de la carga de trabajo pasa por esos dos delitos. Hay un tercer tipo, la trata de personas, y la provincia tiene un 15 % de incidencia, y no solamente con fines de explotación sexual sino laboral también", precisó García Bordón.
En la implementación se viene trabajando desde hace dos años, actualmente en capacitación, que serán diferenciadas para jueces, fiscales, defensores, fuerzas de seguridad, administrativos y peritos. La actual etapa de capacitación tiende a formarlos en expresión oral, hacer planteos y razonar en función de una audiencia.
Es que tras la implementación del Código Procesal Penal, el fiscal ya dejará de presentar un escrito y el defensor también. Se expone una audiencia y el juez debe escuchar y resolver los planteos
Además se eliminan los plazos. "Esto ahora se reduce a audiencias. En una se puede saltar lo que se hace en cuatro a cinco semanas, y resolverlo en 15 minutos", afirmó.
Detalló que se garantiza el procedimiento y no quiere decir que se violen garantías de defensa o de otro tipo sino que lo que lleva es a un nivel de especialización en expresión oral, de sostener un caso y hacer una defensa muy grande. Por ello destacó que desde el Ejecutivo nacional se está haciendo un apoyo muy fuerte en capacitaciones, no sólo en litigación sino en otros temas.
Sucede que además, las sentencias serán más inmediatas. Prueba de ello fue la implementación de la Ley de flagrancias, que duraban alrededor de tres años y pasaron a resolverse en cuestión de días.
Avances en Jujuy
Actualmente el que investiga y a la vez juzga es el juez de Instrucción. Pero pasarán de ser jueces de Instrucción a jueces de Garantía porque velarán por el cumplimiento de garantías constitucionales de las investigaciones y de las acusaciones. En el caso de San Salvador de Jujuy cuenta con dos Juzgados Federales: 1 y 2, y con la implementación del Código cambia que la investigación estará a cargo de fiscales, controlados por el juez. También necesitarán auxiliares y por ello aseguró que “el Ministerio de Seguridad de la Nación está trabajando muy fuerte con las fuerzas de seguridad con destino en Jujuy, estamos hablando de Gendarmería Nacional, Policía Aeroportuaria y la Policía Federal”, dijo y explicó que colaborarán con las fiscalías en investigación, por el despliegue territorial, y poder sugerir qué líneas de investigación seguir en base al conocimiento de las zonas fronterizas. Entre los beneficios que traerá la implementación del Código se encuentran varias. “La Justicia sería más transparente, porque las audiencias serán abiertas al público”, dijo. También sería más eficiente porque al tener áreas de gestión comunes harían que el costo de funcionamiento de la Justicia sea menor, ahorrando también en el uso de papel.
Además, en torno a los presos sin condena, los juicios serían de meses a dos años, un avance considerado importante desde el punto de vista de derechos humanos.
