Uno de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, el magistrado José Manuel del Campo, dispuso que el expediente en el que se solicita la prórroga extraordinaria de la prisión preventiva de la dirigente social Milagro de los Angeles Sala de Noro, pase a la Feria Judicial para su tratamiento
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Uno de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, el magistrado José Manuel del Campo, dispuso que el expediente en el que se solicita la prórroga extraordinaria de la prisión preventiva de la dirigente social Milagro de los Angeles Sala de Noro, pase a la Feria Judicial para su tratamiento
Esto se decidió luego de la presentación realizada por el fiscal de Investigación Penal N§ 1 Diego Cussel, que solicitaba una prórroga para dar continuidad a la investigación de la causa conocida como "Pibes Villeros", la que vencerá el 27 del presente mes.
Cabe recordar, que en esta causa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente confirmó la prisión preventiva de Milagro Sala.
Antes de cumplirse el segundo año de la detención de Sala, una de las causas por las que está detenida (hoy privada de su libertad en su domicilio de la localidad de El Carmen, a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), no tuvo muchos avances por dos cuestiones fundamentales.
Una tiene que ver con la cantidad de personas imputadas y otra por las estrategias dilatorias que los abogados defensores presentaron e interpusieron.
El expediente conocido como "Pibes Villeros" refiere al nombre de una cooperativa de trabajo adherida a una red de organizaciones sociales, que presidía Milagro Sala. Su presidente Patricia "Pachila" Cabana (íntima de Sala) fue captada por las cámaras de seguridad del Banco Nación en diciembre del 2015.
Junto a Cabana se ve a otro integrante de la organización "Tupac Amaru", Javier Nieva, quien estuvo prófugo casi un año y a Mirta "Shakira" Guerreo, quien continúa detenida y recientemente fue internada por problemas de salud.
En esta causa además figuran una importante cantidad de exfuncionarios provinciales y nacionales, investigados por distintos grados de participación en la supuesta malversación de fondos públicos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales, donde más de la mitad de la obra no se habría concretado.