El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles advirtió que la próxima semana habrá una movilización denominada "la toma de Caracas" si el Poder Electoral no anuncia el lunes la fecha para el inicio de la última recolección de firmas que habilite el referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro y reiteró que si el mismo no se aprueba este año el país correrá peligro de sufrir un estallido social.
"Está planteado que la próxima semana muy probablemente tengamos que movilizarnos desde todos los rincones del país a Caracas, estaremos haciendo los anuncios en las próximas horas, no podemos permitir que nos roben la solución electoral a la crisis", expresó Capriles en un comunicado.
El dirigente agregó que las actividades que desarrolla la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en distintos estados del país caribeño también ha tenido como objetivo organizar al país para dicha movilización.
"Si el Consejo Nacional Electoral el lunes sigue mamándole gallo (faltando el respeto) a la gente, que se atenga a las consecuencias", sentenció Capriles al tiempo que indicó que "hoy más que nunca" se debe "presionar para tener un cambio político este año".
Reiteró que si durante este año no se realiza el referendo revocatorio, en el país petrolero podría haber una explosión social porque "la gente está muriendo por falta de medicinas y la desnutrición se profundiza".
Desde junio pasado la oposición venezolana ha estado esperando por un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) que les indique cuándo arranca la próxima fase del proceso de revocatorio que consiste en la recolección de las firmas del 20 por ciento del padrón electoral, el equivalente a cuatro millones de personas.
El miércoles pasado cientos de manifestantes salieron a movilizarse en todo el país hasta las sedes nacionales del CNE para exigir el pronunciamiento de las rectoras que habían dicho que el 26 de julio le hablarían al país sobre el estado del proceso, pero ayer el ente electoral dijo que el anuncio se haría el próximo lunes.
"Está planteado que la próxima semana muy probablemente tengamos que movilizarnos desde todos los rincones del país a Caracas, estaremos haciendo los anuncios en las próximas horas, no podemos permitir que nos roben la solución electoral a la crisis", expresó Capriles en un comunicado.
El dirigente agregó que las actividades que desarrolla la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en distintos estados del país caribeño también ha tenido como objetivo organizar al país para dicha movilización.
"Si el Consejo Nacional Electoral el lunes sigue mamándole gallo (faltando el respeto) a la gente, que se atenga a las consecuencias", sentenció Capriles al tiempo que indicó que "hoy más que nunca" se debe "presionar para tener un cambio político este año".
Reiteró que si durante este año no se realiza el referendo revocatorio, en el país petrolero podría haber una explosión social porque "la gente está muriendo por falta de medicinas y la desnutrición se profundiza".
Desde junio pasado la oposición venezolana ha estado esperando por un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) que les indique cuándo arranca la próxima fase del proceso de revocatorio que consiste en la recolección de las firmas del 20 por ciento del padrón electoral, el equivalente a cuatro millones de personas.
El miércoles pasado cientos de manifestantes salieron a movilizarse en todo el país hasta las sedes nacionales del CNE para exigir el pronunciamiento de las rectoras que habían dicho que el 26 de julio le hablarían al país sobre el estado del proceso, pero ayer el ente electoral dijo que el anuncio se haría el próximo lunes.
"Trabajadores a préstamo"
El Gobierno de Venezuela autorizó a las empresas estatales del rubro agroalimentario a tomar transitoriamente a trabajadores que estén empleados en otros organismos públicos o en compañías particulares, lo cual fue rechazado por sindicatos, la oposición política, el empresariado privado y organizaciones humanitarias.
La decisión, adoptada en el contexto de la emergencia económica que el gobierno sancionó por decreto, está contenida en la resolución 9855, publicada en la Gaceta Oficial.
La norma habilita a las empresas agroalimentarias estatales a "disponer de trabajadores del sector público o privado, con condiciones físicas adecuadas, conocimientos teóricos en las diferentes áreas productivas".
Los trabajadores podrán ser transferidos a la fuerza por períodos de 60 días, que podrán ser prorrogados, y, mientras tanto, los empleadores normales deben seguir pagando los aportes y las contribuciones previsionales, así como mantener la antigüedad de los empleados.
PUBLICIDAD
