La fiscal Mónica Cuñarro pidió ayer que se condene a reclusión perpetua a un joven acusado de haber cometido el crimen del ex guerrillero colombiano Héctor Jairo Saldarriaga Perdomo, asesinado de siete balazos en el barrio porteño de Retiro en 2012 en el marco de una aparente guerra de narcotraficantes.
La solicitud fue formulada durante los alegatos del juicio oral que se le realiza a Jonathan Emmanuel Aristimuño (25), sindicado sicario argentino acusado de haber cometido el "homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria y alevosía".
Al exponer durante casi dos horas y media ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 porteño, integrado por los jueces Martín Vázquez Acuña, Luis Salas y Alberto Huarte Petite, Cuñarro primero se refirió a quién era la víctima y a sus actividades.
También Cuñarro pidió que se investigue si los "mandantes" del crimen tenían vínculos con el "Loco" Barrera Barrera.
Afirmó que Saldarriaga Perdomo (39), alias "Mojarra" o "Guajiro", fue un ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y uno de los dos jefes de sicarios del famoso narco de ese país, Daniel "El Loco" Barrera, actualmente detenido en Venezuela.
Sostuvo que llegó a la Argentina en 2010 luego de escapar de un atentado en Colombia por presuntamente haberse quedado con el dinero de una operación de 500 kilos de cocaína que tenía como destino Estados Unidos.
"Mojarra" compró un campo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, desde donde se vinculó con otro compatriota, Francisco Duque Salazar, actualmente prófugo y acusado de integrar una organización que enviaba cocaína a Europa.
En julio, esa banda recibió condenas de entre 2 a 12 años de prisión por parte del Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 y Cuñarro, especialista en delitos complejos, descubrió conexiones entre esa investigación y el homicidio de Saldarriaga Perdomo.
Sobre el crimen, recordó que se cometió el 17 de abril de 2012 a las 18.30 en Marcelo T. de Alvear y Talcahuano, cuando el colombiano recibió cuatro disparos en la espalda y luego fue rematado de otros tres en la cabeza.
Durante su huida, el asesino disparó, además, dos veces contra el sargento de la Policía Federal Elvio Rojas, que estaba de consigna y repelió el ataque, lo que obligó al sicario a escapar a pie y dejar abandonada la moto en la que había llegado.
Además, el asesino tiró la pistola 9 milímetros usada en el crimen debajo de un auto, pero logró ser secuestrada porque el policía advirtió esta maniobra.
Durante el juicio oral, la declaración de Rojas fue clave, ya que reconoció a Aristimuño en un video de un banco que grabó la huida del sicario y en la sala de audiencias lo señaló como la persona a la que había perseguido varias cuadras hasta que se perdió entre la gente por la avenida Santa Fe.
Otros seis testigos que presenciaron el hecho también aportaron datos fisonómicos que coinciden con los del acusado.
Otra prueba que compromete al imputado es que en la escena del crimen se encontró abandonada una moto y en ella se halló una factura, a su nombre, de la concesionaria donde había sido comprada ocho días antes, en Avellaneda.
Cuando los detectives de la División Homicidios de la Policía Federal fueron al lugar, figuraba el teléfono del comprador, que resultó ser Aristimuño.
Ese teléfono fue analizado y se activó el día de la compra de la moto, dos días antes del crimen en la calle Montevideo -donde la victima visitaba a un abogado porque tenía intenciones de blanquear su identidad- y poco después del homicidio, en Callao al 900.
Algunas llamadas entrantes eran realizadas desde la cárcel de Marcos Paz, donde se comprobó que estaba preso un hombre de apellido Estevez, primo del imputado y quien para la fiscal era "el nexo entre Aristimuño y los ciudadanos colombianos que lo contrataron para matar a Saldarriaga Perdomo".
Cuñarro pidió que se investigue si los "mandantes" del crimen están vinculados a Duque Salazar.
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La fiscal Mónica Cuñarro pidió ayer que se condene a reclusión perpetua a un joven acusado de haber cometido el crimen del ex guerrillero colombiano Héctor Jairo Saldarriaga Perdomo, asesinado de siete balazos en el barrio porteño de Retiro en 2012 en el marco de una aparente guerra de narcotraficantes.
La solicitud fue formulada durante los alegatos del juicio oral que se le realiza a Jonathan Emmanuel Aristimuño (25), sindicado sicario argentino acusado de haber cometido el "homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria y alevosía".
Al exponer durante casi dos horas y media ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 porteño, integrado por los jueces Martín Vázquez Acuña, Luis Salas y Alberto Huarte Petite, Cuñarro primero se refirió a quién era la víctima y a sus actividades.
También Cuñarro pidió que se investigue si los "mandantes" del crimen tenían vínculos con el "Loco" Barrera Barrera.
Afirmó que Saldarriaga Perdomo (39), alias "Mojarra" o "Guajiro", fue un ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y uno de los dos jefes de sicarios del famoso narco de ese país, Daniel "El Loco" Barrera, actualmente detenido en Venezuela.
Sostuvo que llegó a la Argentina en 2010 luego de escapar de un atentado en Colombia por presuntamente haberse quedado con el dinero de una operación de 500 kilos de cocaína que tenía como destino Estados Unidos.
"Mojarra" compró un campo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, desde donde se vinculó con otro compatriota, Francisco Duque Salazar, actualmente prófugo y acusado de integrar una organización que enviaba cocaína a Europa.
En julio, esa banda recibió condenas de entre 2 a 12 años de prisión por parte del Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 y Cuñarro, especialista en delitos complejos, descubrió conexiones entre esa investigación y el homicidio de Saldarriaga Perdomo.
Sobre el crimen, recordó que se cometió el 17 de abril de 2012 a las 18.30 en Marcelo T. de Alvear y Talcahuano, cuando el colombiano recibió cuatro disparos en la espalda y luego fue rematado de otros tres en la cabeza.
Durante su huida, el asesino disparó, además, dos veces contra el sargento de la Policía Federal Elvio Rojas, que estaba de consigna y repelió el ataque, lo que obligó al sicario a escapar a pie y dejar abandonada la moto en la que había llegado.
Además, el asesino tiró la pistola 9 milímetros usada en el crimen debajo de un auto, pero logró ser secuestrada porque el policía advirtió esta maniobra.
Durante el juicio oral, la declaración de Rojas fue clave, ya que reconoció a Aristimuño en un video de un banco que grabó la huida del sicario y en la sala de audiencias lo señaló como la persona a la que había perseguido varias cuadras hasta que se perdió entre la gente por la avenida Santa Fe.
Otros seis testigos que presenciaron el hecho también aportaron datos fisonómicos que coinciden con los del acusado.
Otra prueba que compromete al imputado es que en la escena del crimen se encontró abandonada una moto y en ella se halló una factura, a su nombre, de la concesionaria donde había sido comprada ocho días antes, en Avellaneda.
Cuando los detectives de la División Homicidios de la Policía Federal fueron al lugar, figuraba el teléfono del comprador, que resultó ser Aristimuño.
Ese teléfono fue analizado y se activó el día de la compra de la moto, dos días antes del crimen en la calle Montevideo -donde la victima visitaba a un abogado porque tenía intenciones de blanquear su identidad- y poco después del homicidio, en Callao al 900.
Algunas llamadas entrantes eran realizadas desde la cárcel de Marcos Paz, donde se comprobó que estaba preso un hombre de apellido Estevez, primo del imputado y quien para la fiscal era "el nexo entre Aristimuño y los ciudadanos colombianos que lo contrataron para matar a Saldarriaga Perdomo".
Cuñarro pidió que se investigue si los "mandantes" del crimen están vinculados a Duque Salazar.
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