Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos emitió un fallo que revoca dos medidas clave en materia migratoria del Gobierno del presidente Barack Obama destinadas a evitar las deportaciones de indocumentados, lo que a su vez abrió las puertas a un posible pronunciamiento de la Corte Suprema.
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleáns, de avalar el bloqueo de dos medidas promulgadas por Obama y que benefician a unos cinco millones de indocumentados podría ser apelada por la Casa Blanca ante el Supremo.
Si ese fuese el caso, la pelota pasaría a estar en manos de la más alta instancia judicial del país, cuyo pronunciamiento pondría fin a años de discusiones entre demócratas y republicanos sobre las medidas de "alivio" migratorio promulgadas por Obama y que los conservadores consideran inconstitucionales.
Horas después de la decisión judicial, la Casa Blanca se manifestó ayer "muy en desacuerdo" y dijo que estaba "estudiando" los pasos legales a seguir.
"Estamos muy en desacuerdo con la decisión del Quinto Circuito. La Corte Suprema y el Congreso han dejado claro que el Gobierno federal puede marcar sus prioridades al aplicar nuestras leyes migratorias", dijo un funcionario estadounidense.
Por dos votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Arkansas y considerada una de las más conservadoras del país) avalaron el fallo de un juez federal de Texas que en febrero suspendió las medidas migratorias.
Se mantendrá así durante por los menos varios meses (hasta que la Corte Suprema se pronuncie si es que la Casa Blanca interpone recurso) el bloqueo a la Acción Diferida (Daca) para los jóvenes inmigrantes y su equivalente para los padres (Dapa).
Daca ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y Dapa, que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.
Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas y que sostienen que los decretos ley de Obama en inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país.
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Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos emitió un fallo que revoca dos medidas clave en materia migratoria del Gobierno del presidente Barack Obama destinadas a evitar las deportaciones de indocumentados, lo que a su vez abrió las puertas a un posible pronunciamiento de la Corte Suprema.
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleáns, de avalar el bloqueo de dos medidas promulgadas por Obama y que benefician a unos cinco millones de indocumentados podría ser apelada por la Casa Blanca ante el Supremo.
Si ese fuese el caso, la pelota pasaría a estar en manos de la más alta instancia judicial del país, cuyo pronunciamiento pondría fin a años de discusiones entre demócratas y republicanos sobre las medidas de "alivio" migratorio promulgadas por Obama y que los conservadores consideran inconstitucionales.
Horas después de la decisión judicial, la Casa Blanca se manifestó ayer "muy en desacuerdo" y dijo que estaba "estudiando" los pasos legales a seguir.
"Estamos muy en desacuerdo con la decisión del Quinto Circuito. La Corte Suprema y el Congreso han dejado claro que el Gobierno federal puede marcar sus prioridades al aplicar nuestras leyes migratorias", dijo un funcionario estadounidense.
Por dos votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Arkansas y considerada una de las más conservadoras del país) avalaron el fallo de un juez federal de Texas que en febrero suspendió las medidas migratorias.
Se mantendrá así durante por los menos varios meses (hasta que la Corte Suprema se pronuncie si es que la Casa Blanca interpone recurso) el bloqueo a la Acción Diferida (Daca) para los jóvenes inmigrantes y su equivalente para los padres (Dapa).
Daca ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y Dapa, que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.
Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas y que sostienen que los decretos ley de Obama en inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país.
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