El sector público nunca contó con tantos recursos y, paradójicamente, nunca acumuló tantos cuestionamientos de la sociedad a la calidad de los servicios que brinda. Desde familias que migran a la educación, la salud y la seguridad privada, hasta la organización para la auto-defensa o la auto-generación de electricidad con grupos electrógenos. Plantear como principio ideológico el tamaño del Estado es un camino inconducente. La calidad de vida de los ciudadanos depende de una gestión pública inteligente, transparente y profesionalizada.
La experiencia internacional muestra que el progreso de un país no depende del tamaño del Estado sino de la calidad de la gestión pública. Prueba de ello es que en los países más avanzados las dimensiones del sector público son muy variables. Las sociedades más prósperas se distinguen de las más atrasadas por el sentido estratégico en la asignación de los fondos públicos y en la aplicación de técnicas modernas de gestión. En otras palabras, el éxito de las sociedades no depende tanto de la cantidad de recursos apropiados por el Estado a través del cobro de impuestos sino de la calidad de los servicios a través de los cuales los impuestos retornan a la sociedad.
Según estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el sector público total de la Argentina, es decir, la Nación, las provincias y los municipios, administra aproximadamente el 45% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto implica que del total de los ingresos generados por la sociedad poco más de la mitad queda en poder de los privados mientras que el resto es administrado por alguno de los tres niveles del Estado. En el año 2003, el gasto público total representaba el 30% del PBI, es decir que el crecimiento del gasto público total en la última década, en términos del PBI, fue del 50%.
Las estimaciones del FMI también permiten realizar comparaciones homogéneas con otros países. En este sentido, es interesante observar que entre los años 2003 y 2013: En Chile, el gasto público total pasó del 22% al 24% del PBI; en Uruguay, el gasto del Estado creció del 33% al 35% del PBI y en Brasil, el gasto público total aumento del 39% al 40% del PBI.