El juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos recibió este lunes la denuncia que investiga la posible existencia de una red de desinformación financiada por Rusia con presunta capacidad de influir en la opinión pública y en el sistema democrático argentino. La causa, impulsada por el abogado Jorge Monastersky, también tendrá como fiscal interviniente a Ramiro González.
La presentación formal se realizó el viernes pasado por correo electrónico ante la Justicia Federal, y tras un sorteo realizado a primera hora de hoy, la causa recayó en el juzgado de Ramos. Según consignaron fuentes judiciales, el letrado solicitó que se determine si las maniobras investigadas violan la Ley de Inteligencia Nacional (25.520).
El origen de la denuncia se sustenta en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), fechado el 2 de abril, que ya había alertado a la Justicia y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización denominada “La Compañía”. Este grupo, integrado por ciudadanos rusos, operaría con recursos internacionales y tendría vínculos en Argentina.
De acuerdo al escrito presentado por Monastersky, la estructura habría producido alrededor de 250 artículos periodísticos destinados a distorsionar el debate social, presuntamente mediante el pago a medios, editores o periodistas. El abogado sostiene que muchos de estos profesionales habrían actuado sin el conocimiento de las empresas para las que trabajan.
El denunciante remarcó que la gravedad de los hechos “impone una investigación judicial inmediata” y advirtió que este tipo de injerencia extranjera puede afectar directamente “la formación de la voluntad del electorado”, especialmente en contextos electorales. Según Monastersky, el fenómeno no debe tratarse como una mera cuestión comunicacional, sino como “una amenaza directa al sistema democrático argentino”.
Entre las medidas de prueba solicitadas, el abogado pidió un análisis técnico de los patrones de difusión digital a cargo de la Dirección de Apoyo Tecnológico e Investigación Penal (DATIP), el cruce de información con plataformas digitales y organismos estatales, y la posible activación de mecanismos de cooperación internacional. También solicitó a ARCA (ex AFIP) informes sobre movimientos financieros sospechosos.
La denuncia, que recopila investigaciones periodísticas publicadas por Infobae y openDemocracy, busca esclarecer si existieron pagos o contraprestaciones a quienes canalizaron los contenidos, identificar a intermediarios y beneficiarios, y determinar el grado de conocimiento o participación de cada involucrado.
