El Gobierno nacional desactivó el proyecto impulsado por China para instalar un segundo radar de vigilancia espacial en la Argentina. La iniciativa, que dependía del Partido Comunista Chino y se iba a construir en la localidad sanjuanina de El Leoncito, quedó sin efecto tras el vencimiento y la no renovación del convenio que la autorizaba, además del bloqueo aduanero de los materiales enviados para su construcción.
El radiotelescopio, denominado Argentino Chino (CART), representaba una inversión de unos 350 millones de dólares y contaría con una antena de 40 metros de diámetro. Formaba parte de la expansión global de la red de observación del espacio profundo de China, a la que Argentina se sumó durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2015.
La gestión de Javier Milei decidió no continuar con el acuerdo que mantenía el CONICET con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Academia de Ciencias China. Según se pudo saber, la Aduana impidió el ingreso de los envíos provenientes de China para finalizar la instalación, bajo el argumento de que presentaban "irregularidades" y sin que "ninguna autoridad relevante de China se hiciera cargo".
Esta no es la primera instalación de este tipo en el país. En Neuquén ya opera un radar similar, que ha sido objeto de advertencias por parte de analistas internacionales y del gobierno de Estados Unidos, quienes señalan el potencial uso militar de estos equipos y el riesgo que representan para la seguridad hemisférica. El exembajador estadounidense Marc Stanley llegó a manifestar su sorpresa por permitir que "las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto".
Frente a la decisión del Gobierno, el Consejo Superior de la UNSJ expresó sus quejas, defendiendo el "carácter estrictamente científico" del proyecto y destacando los más de 30 años de cooperación internacional que representa. Sin embargo, las sospechas sobre el control real del aparato militar chino sobre estas instalaciones persistían. Una inspección realizada el año pasado en el radar de Neuquén, que requirió autorización especial, confirmó que el personal a cargo es enviado desde China y que el convenio le reconocía soberanía sobre el territorio donde se asienta la antena.
Con esta determinación, la administración de La Libertad Avanza marca un giro en la política de cooperación espacial con China, priorizando las alertas de seguridad y alineándose con las preocupaciones expresadas por Estados Unidos.