La Legislatura de Mendoza convirtió en ley la norma que establece sanciones para padres o tutores cuando sus hijos incurran en situaciones de acoso escolar. La iniciativa, que había recibido media sanción del Senado el 4 de noviembre, fue aprobada este martes en Diputados y modifica el Código Contravencional con un esquema progresivo de intervención.
La nueva regulación apunta a promover la corresponsabilidad familiar en la prevención del bullying, combinando sanciones con acompañamiento y medidas educativas. Para ello incorpora los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater al Código, que contemplan un procedimiento que inicia en la escuela y puede derivar en la Justicia contravencional si los adultos responsables no colaboran con las acciones dispuestas.
En una primera etapa, la autoridad escolar deberá aplicar el protocolo vigente, registrar las actuaciones y realizar convocatorias a las familias. Si estas instancias fracasan por inasistencia, falta de cooperación o incumplimiento de compromisos, el caso será remitido al Juzgado Contravencional con un informe detallado de la situación.
Las sanciones previstas incluyen multas y tareas comunitarias de hasta 30 días, con montos que van desde los 1.500 a los 3.000 UF —entre $750.000 y $1.500.000 según el valor actual de la unidad fijada por la provincia—. En casos de reincidencia, el juez podrá duplicar las penalidades y ordenar la asistencia obligatoria a talleres o instancias de terapia familiar. La norma, además, destina lo recaudado al Fondo Provincial previsto por la Ley 9545 para prevenir y asistir a víctimas de acoso escolar.
El artículo 100 incorpora excepciones para progenitores que no ejercen la responsabilidad parental, tienen el cuidado unilateral en la otra parte o cuentan con restricciones judiciales que les impiden intervenir en la crianza.
Durante el debate, la diputada Claudia Salas sostuvo que se trata de “un cambio de paradigma” orientado a fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y las familias. La senadora Mariana Zlobec, miembro informante cuando la iniciativa obtuvo media sanción, señaló que el bullying “es una problemática social seria que requiere una respuesta integral”.
El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo provincial y cobró impulso tras episodios recientes, entre ellos el caso de una alumna armada en La Paz y el suicidio de un adolescente de San Carlos que, según se informó, era víctima de acoso escolar.
La normativa se aplicará en escuelas primarias y secundarias, tanto ante hechos ocurridos dentro del establecimiento como fuera de él o en entornos digitales. En paralelo, la provincia actualizó el Protocolo de Actuación frente a casos de bullying, que establece pasos claros desde la detección del conflicto hasta el seguimiento y cierre del proceso, e incorpora criterios de gravedad y derivación a equipos técnicos o a la Justicia.
El ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, afirmó que el objetivo es brindar herramientas para intervenir y garantizar acompañamiento a víctimas y escuelas. También destacó la intervención interdisciplinaria de psicólogos, psiquiatras y psicopedagogos en la elaboración del protocolo, y remarcó que la incorporación al Código Contravencional busca asegurar la presencia y participación de los adultos responsables.
