Un abogado del fuero local fue penalmente denunciado por la presunta autoría de prevaricato y abuso de confianza y con esta calificación legal, no solo puede ser detenido, sino que además pueden quitarle su matrícula profesional.
En la jornada de ayer ingresó a la mesa de Denuncias del Ministerio Público de la Acusación una demanda penal realizada por un hombre identificado como Miguel Alejandro Rodríguez, quien presentando un cúmulo de elementos probatorios, acusa por la presunta autoría del delito de prevaricato a su entonces representante legal Omar Cabrera.
Según consta en la denuncia, Rodríguez hace unos 15 años atrás contrató como su asesor legal al letrado Cabrera, quien da inicio unas diez acciones entre judiciales y extrajudiciales.
Según la demanda, Rodríguez alega que llamativamente su abogado dejó de darle impulso a los juicios, que con el correr de los años cayó en cuenta que el 90 por ciento de los juicios los había perdido.
Ante los fallos que resultaron en contra del demandante, Rodríguez decidió consultar a otro abogado y se le fue informado que Cabrera no solo había abandonado los juicios que representaba, sino que él mismo, siendo su abogado patrocinante, se puso a litigar contra su mismo cliente.
A las claras está que esta acción configurada en el artículo 271 del Código Procesal Penal de la Nación, incurre en una deslealtad profesional, en un sentido manifiesto, pero legalmente, fue acusado por el delito de prevaricato, que según consta en la demanda penal, el letrado de forma deliberada y maliciosa, perjudicó la causa de su cliente, actuando contra sus intereses encomendados, defendiendo partes contrarias en el mismo asunto, o revelando sus secretos, quebrantando su deber profesional y la correcta administración de justicia, lo cual es un delito doloso que requiere intención.
La otra figura que fue demandado es la presunta autoría de "abuso de confianza", y la definición es cuando el representante se apropia indebidamente de bienes, fondos o información, desviándolos para beneficio propio o de un tercero, o los utiliza para fines distintos a los encomendados, rompiendo la confianza y causando un perjuicio patrimonial, lo cual constituye una traición a la lealtad profesional.
Rodríguez acusó a su entonces abogado, que sin haber renunciado a ser su representante legal, empezó a litigar contra él, intentando apoderarse de tierras y otros bienes que debía defender.
Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el fiscal Alejandro Maldonado, habilitado en la feria judicial, por estas horas analizaba los elementos de pruebas para promover acción penal en contra del letrado.
Se trata de un hecho inédito en la historia judicial de la provincia y según expertos en la materia, si la causa avanza, puede ser condenado a cumplir pena de prisión efectiva, además de una multa económica, pero además se puede suspender de por vida su matrícula profesional, más allá de que deba responder por los daños patrimoniales, incluso con el embargo de todos los horarios.
