En un nuevo intento por modernizar la legislación vigente, el Gobierno nacional, con el respaldo electoral obtenido en los comicios, volverá a la carga en el Congreso con un ambicioso proyecto de reforma laboral. Bajo el título de "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo", la propuesta impulsada por la diputada Romina Diez y un grupo de legisladores oficialistas apunta a dinamizar la economía y actualizar el marco de relaciones entre empleadores y trabajadores.
El texto, que retoma discusiones previas del Consejo de Mayo y se alinea con los principios de la Ley Bases, introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo. Entre los puntos más destacados se encuentran la flexibilización de las convenciones colectivas, la posibilidad de que las pymes paguen indemnizaciones en hasta 12 cuotas y la ampliación de las facultades del empleador para modificar modalidades de trabajo.
Modernización y flexibilidad laboral
Uno de los ejes centrales es la modernización de las relaciones laborales. El proyecto redefine el principio de irrenunciabilidad de derechos y amplía la capacidad del empleador para introducir cambios en la prestación del trabajo, siempre que no sean "irrazonables". Ante una modificación que vulnere el contrato, el trabajador podrá considerarse despedido sin causa.
Además, se flexibiliza el régimen de vacaciones: se permite fragmentarlas en períodos no menores a una semana y se garantiza que cada empleado pueda gozar del verano al menos una vez cada dos años. Las parejas que trabajen para el mismo empleador podrán solicitar vacaciones conjuntas.
Beneficios sociales y recibos de sueldo
El proyecto redefine el concepto de "beneficios sociales", detallando una lista de prestaciones no remunerativas que incluyen desde almuerzos y útiles escolares hasta el pago de servicios de telefonía e internet para el trabajador y su familia. Se aclara que estos ítems no integran el salario, salvo excepciones. En tanto, se habilita el pago de sueldos en efectivo, cheque o cuenta bancaria, y se permiten los recibos electrónicos.
Licencias por enfermedad y nuevo control médico
En materia de licencias, se mantienen los plazos de tres o seis meses según la antigüedad, que se extienden a seis o doce meses para quienes tengan cargas de familia. Se introduce un procedimiento para la verificación de certificados médicos a través de la Secretaría de Trabajo, con la posibilidad de repetir estudios y aplicar sanciones a los profesionales que intervengan. El empleador deberá conservar el puesto por un año adicional tras el vencimiento de la licencia; si el trabajador no se reincorpora, la relación laboral se extingue sin indemnización.
Incentivos a la contratación y cambios para pymes
Uno de los capítulos más relevantes es el de los incentivos al empleo formal. Se crea un bono de crédito fiscal para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la ley. Los porcentajes varían según el tamaño de la empresa: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para las grandes, aplicables durante doce meses.
Para las pymes, se establece la posibilidad de pagar el total de una indemnización en hasta 12 cuotas mensuales. Asimismo, se limita el pacto de cuota litis (honorarios de abogados) en juicios laborales al 20% y se permite a estas empresas abonar sentencias en hasta doce cuotas.
Acompañamiento legislativo
La iniciativa cuenta con el respaldo de un grupo de legisladores de distintos bloques, entre los que se encuentran Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José Luis Espert (en uso de licencia), Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.
Con esta propuesta, el oficialismo busca instalar un debate de fondo para modificar las reglas del mercado laboral argentino, argumentando que es necesario adaptarlas a los nuevos tiempos productivos y atraer inversiones.
