Mientras espera que la Justicia resuelva sobre la medida cautelar que impuso la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) para evitar una auditoría sobre sus números, la SIGEN avanza con la revisión de los convenios que diversas universidades de todo el país firmaron con ministerios y organismos del Estado durante la gestión de Alberto Fernández e incluso durante el período que abarca el gobierno de Mauricio Macri.
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Mientras espera que la Justicia resuelva sobre la medida cautelar que impuso la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) para evitar una auditoría sobre sus números, la SIGEN avanza con la revisión de los convenios que diversas universidades de todo el país firmaron con ministerios y organismos del Estado durante la gestión de Alberto Fernández e incluso durante el período que abarca el gobierno de Mauricio Macri.
En particular las autoridades del organismo que conduce Miguel Blanco colocaron la mira en una serie de convenios entre las casas de estudios y organismos públicos firmados durante la gestión anterior en los que investigan si se usaron para contratar empleados por fuera de las normativas de la Administración Pública Nacional (APN).
Un ejemplo de esto es un convenio que firmó Trenes Argentinos Operaciones (Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado) con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para que esta última realice un plan de auditoría interna cuando ese organismo ya cuenta con un auditor interno y además recibe las pautas que anualmente SIGEN les entrega para un correcto control interno. “Entendemos que es un esquema para contratar gente por fuera de la estructura habitual de la administración pública nacional”, aseguran.
El contrato entre las partes se firmó a cambio de unos $60 millones y se está analizando cuál fue la contraprestación. Las autoridades buscan determinar cuál fue el motivo por el que se contrató a una universidad para hacer la misma tarea que podría haber hecho la auditoría interna del organismo.
El decreto 426/2022 estableció que los ministerios y organismos del Estado comprendidos en los incisos “a” y “c” del artículo 8 de la ley 24.156 de la Administración Financiera no podían efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza.
Esta posible irregularidad, que se replica en al menos unas decenas de convenios, se suma a las sospechas de que muchos de estos convenios se tercerizaron, es decir, luego de recibir el dinero, las universidades contrataban a una empresa privada para llevar adelante el convenio, algo no contemplado en el contrato original. Esta clase de casos se están investigando en contratos de digitalización de documentos públicos.
La SIGEN se encuentra el pleno análisis de unos 2245 convenios que las universidades, entre estas la UBA, firmaron con ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional. Se trata de acuerdos que van desde los $2 millones hasta los $170 millones cada uno y que se llevaron adelante sin licitación, algo que despertó interrogantes en el organismo de control. Ante la imposibilidad de auditar a la UBA, en la SIGEN decidieron revisar estos contratos pero a través de los ministerios.
No se trata de una revisión sobre el presupuesto de las universidades, sino de contratos a través de los que ministerios y organismos les pagaban a estas casas de estudio a cambio de capacitaciones, trabajos de consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas, entre otros servicios requeridos. Se trata de un mecanismo que le permite al Gobierno tener más control sobre las casas de estudios sin violar ninguna reglamentación, ya que no se estaría auditando a la UBA de manera directa sino desde los convenios que firmaron con el Gobierno.
La UBA presentó una medida cautelar en la Justicia para evitar que la SIGEN avance con un análisis de sus presupuestos y gastos. Tal vez uno de los principales puntos de conflicto podría ser que en el organismo de control aseguran tener un documento que prueba que la UBA no rindió entre 2020 y 2022 el 89% de los fondos que recibió en el marco de diferentes programas universitarios como el FUNDAR, que asigna fondos para proyectos que fomentan las acciones universitarias para el desarrollo nacional y regional. Se trata de unos $8000 millones sobre los que no se especificó su destino y utilización. Además, se le suman otros $500 millones para infraestructura que tampoco está claro cuál fue su uso entre 2015 y 2019.
