El juez Luis Armella, de Lomas de Zamora, ordenó esta tarde el allanamiento de al menos 10 clubes del fútbol argentino como parte de la investigación de la causa por fraude y asociación ilícita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con el presidente Claudio Tapia, junto a la empres Sur Finanzas.
San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense, serían algunos de los clubes en los que se están llevando a cabo los procedimientos.
Los procedimientos, a cargo de la Policía Federal, buscan secuestrar documentación sobre contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y movimientos financieros vinculados a Sur Finanzas, la firma del financista Ariel Vallejo.
El objetivo es determinar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de las instituciones, en qué fechas, a qué cuentas y bajo qué registración contable. El análisis estará a cargo de la DAJuDeCO y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un estudio integral del patrimonio de los clubes.
Vallejo fue citado a indagatoria para el 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, incluidos familiares y colaboradores.
La acusación sostiene que la financiera habría implementado maniobras como “condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques”, “mutuos usurarios” y “contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real”, generando perjuicios económicos a distintas entidades deportivas.
Además, se investiga el presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado. La causa también analiza los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo admitió que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación.
El juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.